Desde hace unos cuantos años, cualquier noticia relacionada con irregularidades en el sector alimentario está teniendo una respuesta social inmediata y, a veces, desproporcionada. La detección de dioxinas, un elementos cancerígeno, en productos belgas destinados al consumo humano, ha provocado en los ibicencos recelo y un cierto miedo. Como consecuencia, por ejemplo, se registró en un primer momento una congelación de las ventas del principal sospechoso: el pollo. Ayer los mercados respiraban un poco más de normalidad, pero los consumidores extremaban sus precauciones, hasta el punto de que los vendedores tenían que redoblar los esfuerzos para informar y disipar dudas. Se tenía presente que, de momento, las autoridades europeas no han levantado la inmovilización de productos de aquel país. Como ha podido comprobar este periódico, todavía quedan en los estantes productos susceptibles de ser retirados, algunos tan populares como chocolates o patatas fritas. La Conselleria reconoce que estos productos, muy conocidos gracias a la televisión, se encuentran en la lista preventiva y ha ordenado que no se permita su venta, pero la orden no ha llegado a todos los puntos, lo que puede ayudar a mantener el recelo de los consumidores. Es necesario recordar que no se trata de productos con un perjuicio automático e inmediato para la salud humana y que las medidas, dentro de su seriedad, no son necesariamente vitales. Eso sí, cuando se establece una medida destinada a garantizar la salud pública ésta tiene que tener una ejecución mucho más ejemplar que la que se ha demostrado en este último caso. La información no ha sido lo suficientemente eficaz ni la retirada efectiva al 100 por cien. En el caso de que la contaminación hubiera estado comprobada, ahora quedan dudas de qué hubiera pasado.