Ya desde el inicio de las negociaciones para la formación del
nuevo Govern balear una de las cuestiones importantes en el
programa de progreso era la oposición a las nuevas autopistas. Los
integrantes del pacto apostaban por paralizar la construcción de
autopistas en las Islas para hacer hincapié en otro tipo de vías,
más modestas pero, en su opinión, igualmente seguras, y, sobre
todo, que tuvieran un menor impacto en el paisaje y el medio
ambiente. Quizá muchos isleños estén de acuerdo en esas premisas,
porque a nadie le gusta ver su territorio atravesado por esas
cicatrices de asfalto que son las autopistas, pero tampoco hay que
caer en la exageración de que no se puede tocar ni un palmo de
tierra.
El problema es que quizá ahora no tengamos dinero ni para
autopistas, rechazadas por el nuevo Govern, ni para simples
carreteras. El convenio firmado con el Gobierno de Madrid
establecía unas inversiones muy concretas. Si no hay autopistas, no
hay dinero. Y no se trata de una nimiedad. Estamos hablando de
36.800 millones de pesetas que el Gobierno central pensaba dedicar
a nuestro sistema vial, que ahora se verá afectado por el cambio de
gobierno.
Madrid será quien tenga la última palabra en este asunto y
tendrá que ser el Govern quien ofrezca al Ministerio de Fomento un
proyecto alternativo que sustituya al anterior. Pero a nadie se le
oculta que el Gobierno del PP no dará excesivas facilidades y que
utilizará la cuestión como arma arrojadiza. El peligro es que los
ciudadanos de Balears salgamos perjudicados. Este dinero no se
puede perder. En Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera son
necesarias fuertes inversiones en carreteras. Lo de menos es que se
llamen autovías o carreteras desdobladas. Lo que importa es que se
mejoren las actuales carreteras y se gane en seguridad.
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