Comenzaron ayer las primeras movilizaciones contra el aumento
del precio del gasóleo con el amarre de la flota pesquera en
algunos puertos, barricadas frente a las distribuidoras de crudo en
algunas provincias y con el bloqueo del puerto de Barcelona, lo que
provocó que embarcaciones de recreo y mercantes no pudieran entrar
ni salir del mismo, mientras que, finalmente, sí se permitió el
acceso a los barcos de pasajeros.
En una situación de crisis como la que estamos viviendo, es
lógico que los sectores especialmente afectados se movilicen y
planteen sus reivindicaciones, aunque esto debería hacerse sin
causar perjuicios al resto de los ciudadanos, algo que sí se
produjo en el día de ayer con los pasajeros de los barcos con
destino a la Ciudad Condal o salida de su puerto.
Por otra parte, el Gobierno ha comenzado las negociaciones para
llegar a acuerdos con las partes en conflicto, aunque se mantiene
en sus trece por lo que respecta a la cuestión de no reducir el
impuesto especial sobre carburantes y plantea sólo la opción de
congelarlo y conceder otros beneficios fiscales a agricultores,
pescadores y transportistas.
Es evidente que desde el Ejecutivo se tienen que adoptar medidas
para frenar los efectos negativos de una escalada de precios que
parece no tener fin. Aunque da la impresión de que se ha tardado
demasiado en reaccionar ante un incremento continuado e imparable
que está provocando ya una importante crisis, que ya no sólo
precisa medidas de carácter inmediato, sino también una previsión
de futuro que pueda dar ciertas garantías. Si no se adoptan ya
soluciones nos podemos ver abocados a una situación gravísima y a
un auténtico bloqueo económico por parte de los sectores más
afectados.
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