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Mallorca cuenta desde ahora con un nuevo parque natural de más de 21.000 hectáreas, en la península de Llevant, que afecta a terrenos, en su mayoría privados, pertenecientes a cinco municipios y una buena porción del territorio marítimo adyacente. En principio, es una buena noticia para el futuro de estas Islas, que depende en gran medida de cuánto sepamos o queramos protegerlas. Pero se trata, a la vez, de una medida que viene acompañada de polémica por las críticas vertidas por los propietarios afectados, que han anunciado que recurrirán el decreto del Govern.

Para el resto de los ciudadanos, cualquier decisión encaminada a evitar nuevas grúas, nuevas explotaciones hoteleras, nuevas urbanizaciones, arrasando zonas verdes es un hecho para felicitarse. Y más si tenemos en cuenta que éste será el cuarto parque natural mallorquín "s'Albufera, Mondragó y Dragonera" y la experiencia en los otros tres ha sido positiva, pues se ha sabido compaginar el interés público (la protección del medio y su conservación) con el privado (el uso agrícola y empresarial, aunque con límites). Recordemos que la UE aconseja proteger de esta forma el 10% del territorio, una cifra nada exagerada comparada con el noventa por ciento restante que queda a merced de las leyes del mercado. Balears alcanza ahora un 5%, lejos aún de las recomendaciones europeas.

Para satisfacción de todos, las dudas y posibles reclamaciones de los propietarios deberán ser resueltas lo antes posible. Deseamos la protección de nuestra tierra, pero sin conculcar los legítimos derechos de los propietarios. En este sentido, tal vez sea un buen comienzo la idea de ofrecerles ventajas fiscales que antes no tenían.

De cualquier forma conviene aclarar varios puntos: que las fincas seguirán siendo privadas, aunque con más restricciones; que la zona ya estaba protegida por la Ley de Espacios Naturales; y que la medida ha sido adoptada en contra de una moción del Consell de Mallorca "con los votos de PP y UM" que propugna que los parques sólo ocupen fincas públicas.