La entrada de Rumanía y Bulgaria en la UE tendrá en el Parlamento Europeo unas indeseables consecuencias desde la perspectiva de la mecánica política de la institución. Ya que cinco diputados rumanos y uno búlgaro, pertenecientes a formaciones ultraderechistas, permitirán a la extrema derecha ya presente en la Eurocámara la formación de un grupo parlamentario propio con todas las prerrogativas que ello comporta y entre ellas la principal, la de enmendar textos. El viejo sueño del francés Le Pen de contar con auténtica capacidad de maniobra, disfrutando por tanto de los mismos derechos políticos y económicos que el resto de las formaciones, se hará ahora realidad. Esos seis diputados ultraderechistas llegados del Este completarán los 20 exigidos por el reglamento de la Eurocámara (los restantes son siete franceses, tres belgas, dos italianos, uno británico, y uno austríaco) para obtener el quorum preciso. No se trata de una cuestión baladí puesto que a partir de ahora la Eurocámara de Estrasburgo tendrá en su propio seno a un grupo parlamentario entre cuyos objetivos básicos figura la frontal oposición a la propia Constitución europea. Como es lógico las restantes fuerzas parlamentarias democráticas están ya urdiendo planes a fin de aislar, en la medida de lo posible, a esa ultraderecha que aunque minoritaria, dispondrá de fuerza y tendrá en teoría la posibilidad de situar a algunos de sus miembros en puestos clave en las distintas comisiones de trabajo. Hay que reconocer que casi escandaliza que los representantes de dos países recién incorporados a la UE puedan estar generando tanta preocupación entre quienes representan a la Europa democrática, pero ésa es la servidumbre de la democracia: la obligación de respetar los derechos de aquellos que, de poder hacerlo, negarían tales derechos a todo aquel que no comulgara con sus ideas.