22/01/07 0:00
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En las últimas semanas son algunas las voces que han propuesto algunas polémicas medidas por lo que se refiere a las viviendas desocupadas, desde la de ponerlas en alquiler cuando lleven dos años vacías, haciéndose cargo del asunto la Administración, hasta gravar con nuevos impuestos las segundas y terceras residencias vacías. En este segundo caso, lo que se consigue es el efecto perverso de incrementar la carga impositiva de los ciudadanos sin que ello signifique que vaya a cambiar el estado de los inmuebles. Y, por lo que se refiere al primero, se trata de una medida que, pese a que podría tener cierta validez para ampliar el mercado del alquiler, no contempla las viviendas como lo que son, una propiedad privada. El derecho a la misma y a decidir sobre el uso que se le quiera dar es del propietario y no de ninguna Administración, siempre y cuando el ciudadano cumpla con sus deberes tributarios y de mantenimiento del inmueble.

En cualquier caso, si se trata de llevar a cabo políticas que favorezcan el alquiler, el Estado y las Administraciones tienen en su mano habilitar ventajas fiscales que incentiven el mismo y establecer garantías para que no surjan problemas de impago que retraen a los propietarios. En este sentido, es un buen ejemplo el programa que desarrolla el Ajuntament de Palma con su intermediación y garantizando al propietario tanto el buen estado del inmueble como las gestiones precisas y rápidas en caso de morosidad.

El intervencionismo en una economía de mercado como la nuestra no es positivo, sino todo lo contrario, provoca reacciones no deseables y fraudes evitables. Se trata de aplicar medidas acordes con los tiempos en los que vivimos, en los que la propiedad privada debe estar garantizada como un derecho de los ciudadanos. Existen alternativas para garantizar el derecho a la vivienda sin caer en medidas decimonónicas altamente negativas para el buen desarrollo del crecimiento económico, garantía última éste del estado de bienestar.