Spanair será, con toda probabilidad, a partir del próximo sábado una empresa con capital catalán, público y privado. Está a punto de cerrarse la operación de compraventa de la compañía aérea, todavía propiedad de la escandinava SAS, que hace pocos meses había presentado un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) pactado con los trabajadores para reducir las pérdidas ocasionadas por la crisis económica y el encarecimiento del combustible durante buena parte del ejercicio de 2008.
La continuidad de Spanair es, sin duda, una buena noticia, pero no lo es que los nuevos gestores se lleven la sede de la compañía, actualmente en Palma, a Barcelona. A la vista de los detalles que han trascendido resulta inevitable apuntar el fracaso que debe asumir Balears en todo este asunto, tanto desde la perspectiva política como empresarial.
Cuando saltó la crisis de Spanair, desde el Govern se comprometió a interceder para minimizar sus efectos sobre la plantilla de trabajadores y, en todo caso, evitar el traslado de la sede central de la compañía fuera de Palma. No se ha conseguido ni una cosa ni la otra. Frente a la pasividad del Govern y la indiferencia del empresariado de las Islas, que no ha sabido calibrar lo importante que hubiese sido crear una Spanair balear, Catalunya ha sabido reaccionar y ha dado toda una lección.
Los poderes públicos catalanes y su empresariado, perfectamente coordinados, están dispuestos a convertir el aeropuerto de Barcelona en un pilar básico de su economía, en un centro de comunicación con el exterior. Spanair se convierte en un ejemplo más de otra oportunidad perdida para que Balears controle su propio tejido productivo y no se acreciente la dependencia del monocultivo turístico.
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