Muy pronto estará lista la nueva ‘ley Rhodes’ de protección de la infancia y la adolescencia, impulsada por Pablo Iglesias, que situará a España a la vanguardia mundial de la protección de niñas y niños. Llegamos al Gobierno para ayudar a nuestro país a avanzar». Irene Montero dixit, vía tuit. Siendo loable la futura ley, causa sonrojo cómo se despachan en redes sociales los integrantes de unos ejecutivos y partidos que en Baleares miran para otro lado ante uno de los casos más sangrantes de explotación de menores: niñas y niños que se encontraban bajo el manto protector de la administración, niños y niñas que fueron violados y prostituidos. Siendo loable la futura ley, el gobierno de la legislatura anterior a la anterior legislatura ya realizó un anteproyecto. Lo de nombrarla directamente como ‘ley Rhodes’ ya forma parte del postureo del vicepresidente Iglesias.

Un mes después de salir a la luz el escándalo, el gobierno formado por PSIB-PSOE, Podemos y Més siguen echando balones fuera o dando rienda suelta a su discurso demagógico. El asunto es demasiado grave para hacer videos virales aunque, eso sí, si la pelota estuviese en el otro tejado ya habría dado para varios monologuitos. Huelga decir que aquí no dimite nadie. La gravedad del asunto es de tal calibre que hasta el propio Rhodes, James, ha expresado en redes sociales su malestar: «Esto es profundamente preocupante. Cada vez es más difícil creer que PSOE y Sánchez están comprometidos con el bienestar infantil (...) Acción, Transparencia. Integridad. Come on man», señaló al conocer que se rechazaba abrir una comisión de investigación. Después, lo clásico en estos casos: activar el ventilador. La presidenta Armengol abrió el abanico de responsabilidades tras el fuego cruzado con Fina Santiago. Aquí nadie asume responsabilidades y los niños ‘tutelados’ siguen malviviendo en la jungla de la administración.