Medidas que no nos afectan

El maestro que dos meses antes de acabar el curso escolar, tiene que dejar la casa en la que vive, para que su propietario le saque un mayor beneficio durante los meses estivales como vivienda vacacional, legal o no; el Guardia Civil destinado en el aeropuerto, que tiene que vivir en su furgoneta, aseándose en un gimnasio; o el caso del policía al que para alquilarle un apartamento se le ha pedido la cantidad de 36.000 euros, como depósito del alquiler de un año entero. Son estos, tres casos que han ocupado espacio en los medios de comunicación insulares, pero que no son más que la punta del iceberg del enorme problema que supone encontrar vivienda en nuestras islas de cara al verano.

Estamos a poco más de un mes de unas elecciones locales y autonómicas y está ocurriendo lo previsible, a punto de acabar la presente legislatura, todos los partidos anuncian impactantes propuestas que en teoría han de servir para empezar a solventar el gravísimo problema que tenemos en las Pitiusas, con la posibilidad de acceder a una vivienda digna y a un precio asequible. Lo primero que cabría señalar es que tratándose de una conflictiva situación que ya venimos arrastrando desde hace años, resulta inaudito e incomprensible que por parte de todos se haya permitido que el problema llegara al nivel de gravedad actual, sin haberse implicado de forma seria en su resolución.

A destacar ante todo, la insuficiente cantidad de viviendas de protección oficial o social de nuestro país. En España, apenas llegamos al 3 % de vivienda pública en nuestro parque inmobiliario; muy lejos por tanto del 30 de Holanda, del 21 de Austria, o del 17 de Francia. Por lo tanto, está claro que sí o sí hay que incrementar sustancialmente esta cifra; ahora bien, también está claro que la construcción de más VPO es una alternativa a largo plazo y que lo que ahora mismo hacen falta y de forma urgente, son propuestas que ayuden a paliar lo que en este momento parece un laberinto sin salida.

Está claro que es sin duda la problemática que más claramente debería tratarse como un tema de Estado y en el que «colaborasen» todos los partidos políticos de este país, en lugar de utilizarlo como arma arrojadiza en las luchas entre esos mismos partidos. Sinceramente, resulta muy difícil creerse ninguna de las propuestas que se van dando a conocer. Desde la derecha, hace muchos años que no se quiere saber nada de la promoción y construcción de vivienda pública, dejándolo todo en manos de un libre mercado que es el que nos ha llevado al caos actual y, a pesar de la realidad palpable, a día de hoy siguen abrazados únicamente a la iniciativa privada y con propuestas que tan solo afectan y benefician a los propietarios de los inmuebles.

Las propuestas de la derecha están fuera de la realidad del problema. Las últimas conocidas son, el aval del mes de fianza que reclaman los propietarios en los contratos de alquiler, en este caso para jóvenes y rentas bajas y, por otro lado, el aval del 15 % para los jóvenes en la compra de su primera vivienda. Parece mentira que no vean que el problema no está en pagar un mes de fianza, que lo que les resulta imposible a todos es poder pagar los precios desorbitados que se piden por el alquiler mensual. Y sobre lo del aval del 15 %, no deja de ser contradictorio, que esto parezca lo correcto y que hace tan solo unas semanas se criticara duramente la propuesta del Govern balear de avalar el 20 % de determinadas hipotecas.

Por parte de la izquierda, tampoco se ha destacado por la presteza en afrontar el problema, ni por la valentía en la toma de decisiones. Dos son también las últimas propuestas conocidas; la aportación de las viviendas en manos de la Sareb o Banco Malo, al parque público inmobiliario y la limitación de la subida de los alquileres actuales. La primera, queda sin efecto práctico en nuestras islas, ya que tan solo hay 3 viviendas disponibles en Eivissa y ninguna en Formentera. Sobre la segunda, de poco va a servirnos aquí, ya que lo que hace imposible acceder a una vivienda es lo que se pide por los nuevos contratos de alquiler y para estos, la parte socialista del Gobierno del Estado no se ha atrevido a establecer límites en la nueva ley.

Consecuencia de todo ello es que ni unos ni otros siguen sin ver el grave problema de vivienda que sufrimos en nuestras islas y, unos no quieren hacer nada que suene a intervencionismo, y los otros no se atreven a aprobar una legislación específica que regule los alquileres en zonas tensionadas como la nuestra. No se vislumbra salida efectiva, ni por la derecha, ni por la izquierda. Y lo de luchar todos juntos parece imposible, por lo que tenemos ante nosotros un oscuro panorama.