La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) alertó hace unos días del peligro que corre la libertad de expresión por la llegada al poder del PP con el apoyo de Vox. Advirtieron de las «serias amenazas de involución en las radiotelevisiones públicas de Aragón, País Valenciano e Illes Baleares». Dicen los sindicatos que en las dos últimas décadas se ha ido avanzando en la independencia de los medios públicos respecto de los gobiernos autonómicos. Afirman que «en Baleares, donde el director general de IB3 tiene un mandato hasta el año 2028, el Gobierno del PP quiere modificar la ley para forzar su salida y acortar los seis años que dura su mandato a cuatro. Es positivo que ese cargo sea de cuatro años, para que no coincida con una legislatura, porque así se refuerza la independencia de IB3 respecto del gobierno de turno». El argumento es de una inconsistencia pueril, porque Andreu Manresa, que ayer anunció su renuncia al cargo, fue nombrado por una exigua mayoría progresista del Parlament y su afinidad política es conocida y resulta absurdo negarla. Ahora va a resultar que si el director del ente público es de izquierdas, es independiente del Govern de turno; pero si lo nombra la derecha, es una marioneta al servicio del poder. Los sindicatos de periodistas alertan de «amenazas de involución en los medios públicos por parte de PP y Vox», algo que les retrata, pues se basan en conjeturas y especulaciones. ¿Les parece normal que en el comité de dirección de IB3 tengan representación formaciones extraparlamentarias como Gent per Formentera y El PI, mientras que la tercera fuerza política del Parlament, Vox, no tiene ni un solo vocal? Eso sí es que es involucionista y antidemocrático, pero ellos no lo denuncian. Será porque no les parece grave que el ente público no tenga nada que ver con la realidad política surgida de las urnas. A ellos les conviene.