Fachada del Consell d'Eivissa | Foto de archivo

El Govern de Prohens ha puesto la directa. Sobre la presidenta recae la presión de la palabra dada y las expectativas generadas.
Su primer golpe de efecto fue eliminar el impuesto de sucesiones entre familiares directos. Los sobrinos deberán seguir pagándolo, a pesar de hacerlo con una bonificación del 50%. Un matiz que es imperativo introducir para mejorar su efectividad es eliminar el requisito de actualizar el importe del bien que se hereda conforme al valor de referencia del catastro, dado que ello puede esclavizar al beneficiario en una venta futura con una ganancia patrimonial en el IRPF que podría llegar hasta el 28%. El valor de adjudicación debe ser el real, sin imposiciones que no se ajustan a las verdaderas circunstancias del mercado inmobiliario. Ello no sólo mejoraría la efectividad del decreto, sino que dibujaría una situación equivalente a la que tienen la mayoría de comunidades autónomas que no obligan a tributar por dicho valor de referencia.
En cuanto al reciente decreto de medidas urgentes en materia de vivienda, la izquierda ya ha sacado su clásico argumentario de «amnistía» urbanística y especulación, nada más lejos de la realidad. El decreto de Marta Vidal afecta sólo al suelo urbano y permite ampliar generosamente el parque de vivienda sin consumir un solo palmo de territorio. Pero para que el decreto surta efecto, se debe moderar el requisito de atar todas las nuevas viviendas a una nueva categoría a precio limitado y dejarlo en un 40% o 50% de ellas, incentivando de este modo a propietarios y promotores para que inviertan en igualar en alturas, dar salida a estructuras inacabadas o reconvertir locales y hoteles obsoletos en nuevas viviendas.
Los objetivos son tan certeros como loables, pero es necesario afilar la pluma.