Representantes de las 16 entidades firmantes del manifiesto en defensa de los valores democráticos y la convivencia pacífica. | Europa Press

Afirman los socialistas, con Cosme Boned y Iago Negueruela a la cabeza, que la derecha no acepta el resultado de las urnas. Y para ratificar su acusación, envían a los satélites extraparlamentarios que controlan PSOE, Més per Mallorca y Unidas Podemos, con sus respectivas fundaciones, organizaciones feministas, juveniles, ecologistas, sindicatos y toda entidad que han podido reunir, por ignota, irrelevante y ficticia que sea, a leer un comunicado en la plaza del Olivar de Palma. OCB, Fundació Gabriel Alomar, Fundació Darder Mascaró, Memoria de Mallorca, CCOO, UGT, STEI, Col·lectiu Aurora Picornell, GOB, Adibs-DonaSana, Brilla Illes Balears, Dones en Dansa, Lobby de Dones, Ateneu dels Comuns, Som sindicalistes y Palma XXI. Vigilados por políticos que les pastorean para a la ciudadanía que haga el favor de no protestar más por la amnistía que Pedro Sánchez otorgará a los independentistas catalanes responsables del Procés de 2017, porque tal protesta va en contra de los valores democráticos, el pluralismo político, la libertad, la igualdad y la justicia social. Y porque esas manifestaciones tienen «la voluntad de presionar y amenazar para alterar las decisiones tomadas con total libertad y legitimidad por parte de las formaciones políticas representadas en las Cortes Generales». No como cuando protestan ellos, que no es para «presionar y amenazar para alterar las decisiones tomadas con total libertad y legitimidad por parte de las formaciones políticas» con mayoría en el Parlament. Cuando ellos protestan, debidamente fertilizados por ‘sa repartidora’ del govern de Francina Armengol, lo hacen para impedir que la mayoría del Parlament lleve a cabo sus promesas electorales, respaldadas por los votos de los ciudadanos en las urnas, por ejemplo, en materia lingüística. Ahora resulta que sólo pueden protestar ellos. ¡Lo que nos faltaba!