Lydia Jurada, este jueves, al salir de los Juzgados de Ibiza. | Arguiñe Escandón

Todo el mundo sabe que Podemos Eivissa y el partido morado en general, ha sido víctima de lawfare. Las acciones legales emprendidas en contra de esta formación política, han sido continuas desde el mismo día de su nacimiento. Y por eso han acabado fuera de las instituciones y al borde de la extinción. La culpa es de la derecha política, mediática y de las élites económicas. Eran el objetivo a batir y fue abatido sin contemplaciones. Para demostrarlo, ahí están Antonio Ferreras, Antonio Caño, José María Olmo y Eduardo Inda, entre otros. Sólo hay que revisar lo que han publicado y lo que han estado diciendo en los últimos tiempos para comprobar sin género de dudas que forman parte de las cloacas para acabar con Podemos. Por las buenas o por las malas. Los elementos del ‘Deep State’ o Estado profundo no actuaron únicamente en Madrid, sino que también lo hicieron en Ibiza. Y del mismo modo que querían que ETA siguiese matando y por eso fueron a por Arnaldo Otegi, como ayer mismo dijo el líder e EH Bildu y socio político de Pedro Sánchez y del PSOE, también fueron –y aún hoy van– a por líderes podemitas ‘sísepuede’ como Lydia Jurado. La exconsellera insular de Bienestar Social entre 2015 y 2019 es la máxima responsable de haber contratado verbalmente a la entidad Amadiba, que ahora reclama más de 2,4 millones de euros porque ella, que los contrató sin ajustarse a la normativa, no pagó. Tampoco los actuales gobernantes en el Consell d’Eivissa han pagado, porque no hay cómo hacerlo. Pero su letrada considera a Lydia Jurado una víctima de persecución judicial que dura muchos años. Vamos, lawfare de manual. Por eso, prefiere no declarar, aunque asegura que lo hará. Se defiende diciendo que la Oficina Anticorrupción no apreció indicios de prevaricación. ¡Pues menuda defensa! Que no vaya de víctima, porque aquí la víctima es Amadiba.