Hace algunas semanas, y para referirme a la situación esperpéntica que se está viviendo en el Consell de Formentera, la comparaba con una pista de circo. Pues bien: casi dos meses después de haberse destapado la bochornosa noticia puedo decir sin temor a equivocarme que el caso ha pasado de circo al ridículo más absurdo.

Resulta claramente ridículo porque a día de hoy nadie ha sido capaz de explicar cómo ha podido llegarse a tal situación. Los argumentos utilizados por ambas partes en conflicto son cualquier cosa menos sólidos o mínimamente lógicos. Ni Lorenzo Córdoba, presidente del Consell, ha mantenido un mismo argumento desde el principio, modificándolo en función de las declaraciones que se iban haciendo. Ni los ocho Consellers de Sa Unió, lista que en las elecciones locales de mayo 2023 encabezaba el propio Córdoba y que venció por mayoría absoluta, han sido capaces de explicar con meridiana claridad qué ha provocado la pérdida de confianza en su cabeza de lista que, en definitiva, ha acabado con la expulsión del citado Córdoba de Sa Unió.

Todo es muy turbio y rocambolesco. Recordemos que todo empieza a raíz de un extraño comunicado del presidente insular y diputado por Formentera en el Parlament, mediante el cual anuncia su disposición a dejar de dar su apoyo incondicional a la presidenta del Govern, Marga Prohens. Los argumentos que han ido intentando justificar tal decisión han sido cambiantes. Primero se reclamo la urgencia de una ley autonómica de Costas. Después se pasó a reclamar más dinero para cubrir sus desplazamientos a Palma. Seguidamente, acusó a dos de sus consellers del PP de orquestar una campaña en su contra por aspiraciones personales; reclamó después su dimisión, desdiciéndose días despues. Últimamente, y siempre según Córdoba, se enfrenta a un golpe de estado para derrocarle, orquestado por Alcaraz y Castelló con el apoyo del PP de Palma. Para acabar descubriendo la última versión, que no es otra que se trata de defender unos supuestos intereses económicos encubiertos de ciertos potentados, que están lejos del interés general de Formentera.

Por otro lado, desde Sa Unió se viene acusando a Córdoba de haber provocado esta situación en reclamación de un sobresueldo y de haber actuado de espaldas a sus propios compañeros de gobierno y sin tener en cuenta a la coalición por la que se presentó a las elecciones.

El estado actual del conflicto es de enquistamiento total y absoluto. En ningún caso parece factible que se recupere la unidad perdida, tratando ahora de buscar una fórmula que permita seguir gobernando aunque el presidente y sus ocho consellers no se hablen, situación ésta que se me antoja poco fiable y carente de la menor garantía de correcta gestión.

Desde Sa Unió siguen considerando a Córdoba como único responsable de lo que está sucediendo y siguen reclamando su dimisión como única salida al conflicto. Por su parte, el presidente insular niega la menor responsabilidad en lo que está ocurriendo y dice no tener la mínima intención de dimitir de sus cargos ni sentirse solo. Esto último no deja de ser curioso si tenemos en cuenta que no tiene la confianza ni el apoyo de los 16 consellers restantes de la institución.

Por parte de la coalición de derechas afirman tener pruebas que podrían implicar a Córdoba en un hipotético delito. Sin embargo, ni las hacen públicas ni las aportan ante la justicia. El presidente niega la existencia de las mismas ya que afirma que, de existir, ya las habrían utilizado. Lo cierto es que en este momento ni los ocho consellers de Sa Unió se plantean dimitir de sus cargos, como en su momento dijeron, ni Córdoba se plantea cesarlos.

Evidentemente, el problema lo ha provocado la propia coalición de derechas de la isla. Ahora bien: también hay que decir que el papel que están jugando los dos partidos de la oposición está muy lejos de ser mínimamente positivo. Aquí no puede valer lo de observar los toros desde la barrera y no intervenir más que para criticar la situación. Quienes acabarán sufriendo las consecuencias negativas de todo ello serán los ciudadanos de Formentera, que además no pueden entender que después del voto de castigo a la prepotencia del pasado gobierno insular progresista resulte que quienes tenían que aportar un aire de cambio en la manera de hacer política lo único que han demostrado es que son un atajo de inútiles incapaces de sacar adelante una legislatura tranquila, a pesar de disponer de una mayoría absoluta.

GxF exige responsabilidades a Córdoba y a Sa Unió, el PSOE tacha al Consell actual de jaula de grillos y denuncia la parálisis de gestión. En realidad, ni unos ni otros aportan ni proponen nada. Lo cierto es que Formentera necesita de la colaboración y participación de todos los grupos políticos. De lo contrario, la única alternativa que queda es la disolución y convocatoria de nuevas elecciones y de ser así todos merecerían un castigo.