Imagen recurso de una construcción. | Pixabay

Satisfacción entre propietarios e histeria en la izquierda, esa es la reacción tras destaparse que el Govern ultima un decreto que permitirá legalizar edificaciones en suelo rústico que estén fuera de ordenación, pero cuya infracción urbanística haya prescrito. Esta medida no supone el consumo de un solo palmo de territorio, ni incrementa la superficie de ninguna edificación. Lo que permite es dar una salida a construcciones que se hicieron sin licencia hace décadas pero que no pueden ser demolidas en la actualidad. Es decir, se da cobertura normativa a los hechos prescritos. Es un win-win para los propietarios y para las administraciones. Los primeros verán reconocida la legalidad de las construcciones ejecutadas por sus padres y abuelos, mientras que las segundas recaudarán suculentas cantidades de dinero que podrán destinar a proyectos municipales. El medioambiente no sale perdiendo en ningún caso porque esta medida no implica ni más cemento, ni más casas, ni mayor consumo de recursos naturales, ni da derechos de ampliar nada.

Como no podía ser de otra manera, la izquierda balear ha puesto ya el grito en el cielo, a pesar de ser incapaces de razonar los supuestos efectos perversos de este decreto que verá la luz el próximo mes y que será el antecedente de una nueva Ley de urbanismo. Legislar con criterio técnico y jurídico es necesario para no ser víctimas de un urbanismo pendular que disipa cualquier ápice de seguridad jurídica que pueda haber. Precisamente la arbitrariedad y los constantes cambios normativos son los que provocan incertidumbre y especulación. Los que nos dedicamos al urbanismo estamos ávidos de seguridad jurídica para proteger los derechos de los pequeños propietarios y los inquilinos, que son los que salen ganando.