Imagen de archivo de un conjunto de bloques de pisos.

El ejecutivo autonómico capitaneado por el tándem Prohens-Costa no se ha achantado ante la presión de la izquierda y ha cumplido una de las promesas electorales más importantes de su programa. La legalización de edificaciones cuya infracción urbanística esté prescrita y que no puedan ser objeto de demolición por parte de la administración es una excelente noticia no sólo para las familias que podrán dar salida y desbloquear muchas de sus propiedades, sino para las arcas municipales, que recaudarán entre un 10% y un 15% del valor de construcción de esas edificaciones.

Esta medida no supone la ampliación de un solo palmo de dichas edificaciones, sino que consolida legalmente edificaciones ya implantadas. Es decir, por mucho que bramen algunos sectores, esta legalización extraordinaria no consume territorio y tiene un impacto nulo sobre el medio ambiente. En cambio, permite que esas construcciones puedan ser reformadas para mejorar su habitabilidad, reducir su impacto ambiental e implantar medidas de eficiencia energética.

Los ciudadanos tendrán un plazo de 3 años para beneficiarse de esta regularización extraordinaria. La realidad en el campo de Ibiza es que en décadas anteriores se ampliaron muchas viviendas para dar cobijo a hijos y hermanos o se cambió el uso de corrales para transformarlos en viviendas. Muchas de esas modificaciones se hicieron sin el amparo de licencia, creando un problema décadas después. Ahora se hace justicia y se permite dar una salida a los hijos y nietos de esos propietarios presentando un proyecto de legalización con una ‘multa’ del 10% el primer año que se puede reducir un 50% en caso de que dicho propietario ingrese menos de 33.000€ anuales. Abogados y arquitectos, prepárense para una avalancha de encargos.