Opinión | Joan Boned

El fin no justifica los medios

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La coherencia suele ser un elemento fundamental en el día a día de todos nosotros, pero mucho más si cabe, debería serlo para la administración cuando se trata de la gestión de recursos públicos.

Con esa premisa como punto de partida, hay que recordar lo exageradamente estricta que resulta para la mayoría de instituciones públicas, la aplicación de cierta normativa vigente en materia económica. Y me refiero a la denominada Ley Montoro que mantiene con las manos atadas a muchos ayuntamientos, impidiéndoles disponer de millones de euros, depositados en los bancos y procedentes de ejercicios económicos anteriores.

La citada ley acaba resultando incoherente desde el punto de vista de la lógica de estas instituciones, que ahoga económicamente a muchos municipios y limita considerablemente la capacidad de gestión administrativa de esas entidades locales; en aras de una estabilidad presupuestaria y en base a la mejora de la eficiencia en la gestión de sus propios recursos.

Cuando se limita la capacidad de disposición de sus propios recursos a los ayuntamientos, se les está obligando claramente a ir en la linea de la reducción o eliminación del endeudamiento; pero para ello se esta privando a sus vecinos de la posibilidad de tener mejores servicios, ya que a pesar de tener ingentes cantidades de dinero de sus presupuestos en cuentas bancarias, no pueden disponer de las mismas por estar bloqueadas en las entidades financieras.

Se estima que en Baleares, puede haber en torno a 500 millones de euros bloqueados y que no pueden ser utilizados por los ayuntamientos a pesar de tener necesidades urgentes y su casilla de endeudamiento a cero. Esta circunstancia desagrada a todas la instituciones, locales, insulares y autonómicas; ya que todas ellas ven claramente disminuida su capacidad de invertir o de conveniar.

Algo parecido puede estar ocurriendo últimamente con la propuesta por parte del Govern Balear de recortar las asignaciones a determinados centros educativos, con la finalidad de obligarles a gastar los remanentes que estos pudieran tener en las entidades bancarias. El trasfondo es claro y no es otro que la voluntad por parte de la Conselleria de Hacienda, de ejercer un control absoluto sobre la capacidad de gasto de la asignación anual que reciben estos centros.

El hecho de que el ejecutivo balear haya visto mermada considerablemente la aportación que debe recibir del gobierno central, hace que se estén utilizando métodos que se consideran abusivos, cuando se aplican desde Madrid a instituciones de rango inferior. Y esta circunstancia, no puede ser argumento suficiente para pretender hacer pasar por algo parecido a los centros educativos.

El remanente total de la polémica, asciende a 20 millones de euros; cifra que parece un grano de arena en el desierto, si lo comparamos con el techo de gasto no financiero fijado para el ejecutivo balear para el ejercicio de 2020 y que suma la cantidad de 4.383 millones. No basta por tanto, simplemente conocer a cuanto sube el remanente de estos centros educativos; hay que analizar con detenimiento la procedencia del total de los ingresos que llegan a los mismos, al igual que es muy recomendable estudiar en cada caso a que se deben esos remanentes y cual es el uso previsto y programado para los mismos, así como las fechas en las que están previstas la ejecución de los mismos.

Con el fin de recortar, no todo vale. De acuerdo en que hay que ser muy cauto a la hora de administrar el dinero público, pero resulta difícil creer que la intervención de esos remanentes de centros educativos resulte tan necesaria para el control del gasto público global, sobre todo cuando hay casos realmente escandalosos en el propio ejecutivo autonómico en cuanto a la justificación de gastos en determinadas infraestructuras; como la ampliación de la linea de metro de Palma a cuenta del impuesto turístico, por poner solo un ejemplo de incoherencia manifiesta.

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