Mariano Juan, en el pleno del Consell d'Eivissa. | Marcelo Sastre

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Los ciudadanos sufrimos una administración torpe, lenta e infradotada de recursos materiales y humanos. Ante esta situación, algunos políticos se ponen de perfil para no encararse con quien realmente ostenta el poder: determinados funcionarios. Con ello, la Administración Pública española se ha convertido en un gigante opaco incapaz de ofrecer un servicio decente a los administrados.

Ayer se aprobó definitivamente el reglamento de simplificación administrativa elaborado por el departamento de territorio capitaneado por Mariano Juan. A diferencia de la última modificación del PTI que perpetró el anterior equipo de gobierno socialista a escasos 10 días de perder las elecciones, esta norma nace con un amplio consenso entre asociaciones y profesionales. Su objetivo es agilizar pequeños trámites que se suelen eternizar en un cajón para que los administrados puedan ejercer sus derechos con mayor rapidez y menor arbitrariedad.

Naturalmente, la izquierda se revuelve ante todo lo que suene a reducir la intervención de la administración. Consideran que la norma abre las puertas a la especulación urbanística y la depredación del territorio, demostrando que no han leído una sola coma del texto, dado que ésta no otorga más derechos a los propietarios, sino que les permite ejercer los que ya tienen sin ahogarse en el pozo de la desesperación provocada por la inacción administrativa.

Se trata de un primer paso que debe culminar con una modificación del PTI que revierta las sandeces que socialistas y podemitas plasmaron en una modificación hecha desde Vila, sin rigor jurídico, con un desconocimiento obsceno de la realidad del campo y en la que se trataba de peligroso especulador a todo aquél que poseyera un trozo de tierra. Empieza la cuenta atrás…