El Consell d'Eivissa ha remitido a la Fiscalía Anticorrupción y al juzgado de guardia la documentación sobre la presunta contratación irregular de la asociación Amadiba durante la legislatura pasada. Los abogados del Consell apuntan a la supuesta comisión de hasta cuatro delitos: negociaciones prohibidas, fraude, prevaricación y falsedad documental. La institución que preside Vicent Marí adeuda unos 2,2 millones de euros por servicios prestados por la entidad, pese a que no fue contratada de acuerdo a un procedimiento reglado que permita saldar dicha deuda. La contratación fue verbal, sin respetar el menor procedimiento, sin cobertura legal y sin aval de ningún técnico. De este modo, el Consell ahora no encuentra el modo de pagar por unos servicios que efectivamente se han prestado, pero que no constan como contratados legalmente por la institución. Mucho se ha tardado en trasladar a la Justicia este auténtico pufo.
Opinión
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