Intervención del Consell de Formentera ha calificado de «indebidamente adquiridas» una serie de obligaciones económicas pendientes de pagar por parte del actual equipo de Gobierno. Se trata de un total de 40 facturas del año 2022 por un importe de 196.183 euros, 39 de las cuales corresponden a un único organismo y que fueron reconocidas por el Ejecutivo insular en la Junta de Gobierno celebrada el pasado 24 de marzo.
Según el informe planteado por Intervención, estas obligaciones se consideran «indebidamente adquiridas por concurrir algunos de los supuestos que recoge el Tribunal de Cuentas» en su clasificación de este tipo de irregularidades. En este caso «estamos ante la ausencia total de procedimiento de contratación adecuado, alegando motivos de urgencia, sin utilizar ningún tipo de procedimiento escrito, por lo que a nuestro parecer se han producido infracciones procedimentales, ausencia de requisitos básicos, trámites o elementos esenciales que vician el acto de nulidad», asegura el informe de los servicios de Intervención de Formentera.
Fundación Diagrama
La Junta de Gobierno procedió a aprobar dicho reconocimiento extrajudicial de deuda «sin perjuicio de exigir las correspondientes responsabilidades por la realización de gastos al margen del procedimiento establecido».
De las 40 facturas reconocidas extrajudicialmente, 39 de ellas corresponden a la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, emitidas entre los meses de abril y diciembre de 2022. Concretamente, cuatro de ellas se emitieron en abril, tres en mayo, cuatro en junio, tres en julio, cinco en agosto, seis en septiembre, siete en octubre, cuatro en noviembre y tres en diciembre. Según fuentes consultadas por este periódico, en el caso de los pagos a realizar a esta fundación podríamos estar ante un ilícito de fragmentación de contrato para evitar la realización de concurso público, y la situación sería equiparable a la de Amadiba en Ibiza, donde el equipo de Gobierno insular en la pasada legislatura realizó contratos verbales para la realización de determinados servicios sin seguir el procedimiento establecido legalmente.
La última de las facturas corresponde a la abogada Ascensión Joaniquet por un importe de 18.150 euros. En este caso las dudas vendrían por el hecho de si existía autorización previa o no de la administración para realizar este gasto.
1 comentario
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Menos mal que el conseller Escandell se retira después de 20 años. A ver si estos de GxF dejan paso a los q saben gestionar