Las presiones denunciadas por la coalición Sa Unió contra Llorenç Córdoba por intentar cobrar supuestamente un sobresueldo de 4.000 euros están siendo investigadas por un abogado penalista. Así lo manifestó ayer el presidente del PP de Formentera, José Manuel Alcaraz. Explicó que todas las declaraciones del presidente del Consell de Formentera están en manos de este profesional encargado de estudiar si estas «presiones» son «punibles», en algún sentido, para que la coalición pueda presentar con su recomendación la correspondiente querella. «Las presiones que realizó son inaceptables y repudiables, y debe dimitir por ello. Pero antes tenemos que saber si son legales o ilegales, y lo debe decidir la justicia», apuntó José Manuel Alcaraz.
Respecto a estas supuestas presiones solicitando a la presidenta del Govern balear este sobresueldo, Llorenç Córdoba aclaró hace dos días que, si hubiese pedido este dinero por gastos de representación, como defendía él, no hubiese sido ilegal: «Feijóo y otros cargos del PP reciben un sobresueldo por representación, eso lo sabemos por Transparencia y es legal». También señaló que su reclamación particular se centraba en la asignación de los 2.700 euros mensuales del Parlament balear que recibe el Grupo Mixto.
Sin pruebas
Por su parte, desde la oposición (Gent per Formentera y el PSOE) llevan días solicitando las pruebas de las acusaciones cruzadas entre el presidente insular y sus consellers, pruebas que «todavía no conocemos». En esta línea, la portavoz de Gent per Formentera, Alejandra Ferrer, explicó que todavía no se han reunido con el equipo de gobierno para conocer las pruebas de las acusaciones contra Llorenç Córdoba por presuntas presiones sobre el PP de Palma: «Nosotros seguimos defendiendo que se han de presentar dichas evidencias», manifestó ayer Alejandra Ferrer, reclamando a ambas partes que solucionen esta situación.
«No haremos movimientos para intentar llegar al gobierno. Lo que queremos es que las personas a las que ha votado la ciudadanía de Formentera con mayoría absoluta demuestren que son capaces de gobernar y den los pasos necesarios para hacer gobernable el Consell», agregó. Por su parte, Alcaraz insistió en conservar la dignidad de la institución mientras se desbloquea esta situación. «El órgano de gobierno debe seguir funcionando mientras encontramos una solución. Seguiremos trabajando y estaremos al pie del cañón», puntualizó.
