Llorenç Córdoba durante un pleno del Consell de Formentera. | Moisés Copa

El Pleno del Consell de Formentera ha aprobado este jueves por unanimidad obligar a Llorenç Córdoba a llevar a la próxima Junta de Gobierno el acta de la reunión celebrada por este organismo el pasado 25 de marzo. Una reunión en la que Córdoba se habría mostrado muy agresivo y, además, habría asegurado que había sido él mismo quien calculó las horas de que deberían trabajar los empleados contratados por los futuros adjudicatarios de los quioscos de playa. La propuesta la ha formulado el portavoz del grupo del PSOE en la institución, Rafa Ramírez, quien ha acusado al presidente de tener «secuestrada» este acta, que fue redactada por el secretario de la institución, Ángel Custodio Navarro, el 26 de marzo, un día después de celebrarse la reunión.

Ramírez ha exigido a Córdoba que «haga pública» el acta de aquella reunión porque, ha subrayado, los ciudadanos «tienen derecho» a conocer su contenido. El socialista ha advertido al presidente de que «esto ya pasa de lo jocoso» pues está obligado por ley a aprobar y hacer público este documento. Y ha añadido que lo que está haciendo Llorenç Córdoba es «un secuestro de un documento público con algún tipo de objetivo o interés». A esto se suma que, además, este acta se refiere a un concurso en el que Córdoba ha sido recusado: «A usted le han recusado en un procedimiento administrativo. El acta hace referencia a ese expediente. Sí es importante».

Durante el debate de este punto, unos y otros se han lanzado duras acusaciones en una sesión plenaria que, otra vez, se ha caracterizado por la tensión entre Córdoba y el resto de la Corporación. Así, el portavoz de Sa Unió, José Alcaraz, ha pedido poder intervenir por alusiones. Y lo ha hecho para definir a Córdoba como «el capitán del Titanic»: «Va contra todos los icebergs. Iceberg que ve, ahí va». Alcaraz ha explicado que los consellers que integran la Junta de Gobierno, cuatro de Sa Unió y Córdoba, se reunirán mañana en una sesión ordinaria en la que se aprobará el acta de la reunión celebrada el 22 de abril. Por lo que no se explica que aún no se haya podido aprobar la del encuentro celebrado el 25 de marzo, a pesar de que Córdoba ha señalado que, no le ha sido posible, porque no ha tenido tiempo de leerla, dado que tiene «mucho trabajo» tras haber asumido la gestión de las áreas que llevaba Alcaraz hasta que fue cesado por el presidente.

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«Dice que no tiene tiempo de leer las actas porque los consellers de Sa Unió no quieren hacer el trabajo que usted secuestró cuando me cesó», ha reprochado Alcaraz a Córdoba, «¡pobrecito mío, es que tiene muchas competencias!». Posteriormente, el portavoz de Sa Unió ha tirado de ironía y ha propuesto al presidente que cese también a los consellers de la coalición Verónica Castelló y Óscar Portas, por «las acusaciones que hace contra ellos». Alcaraz ha exigido al presidente que «deje de arrastrar» al Consell y a los consellers y le ha recordado que «está solo en el plenario», que los funcionarios de su departamento «quieren huir» y que ha sido recusado por algunos licitadores del concurso de los quioscos. «Esto no le había pasado nunca a ningún presidente ni a ningún alcalde», ha añadido.

Córdoba, por su parte, se ha dirigido al portavoz del PSOE asegurando que tiene el «triste papel de estar en la oposición». El cuestionado presidente ha admitido que la responsabilidad de no haber aprobado aún el acta es únicamente suya pues no tiene tiempo para leerse estos documentos: «Hay unos plazos que se tienen que cumplir cuando hay capacidad física y humana. Pero yo no soy Superman. Soy una persona».

El presidente ha intentado desviar la atención centrando sus intervenciones en la gravedad de que el contenido del acta se haya filtrado a un medio de comunicación y le ha preguntado al portavoz del PSOE si «no tiene curiosidad» por saber quién ha sido el responsable de dicha filtración. También ha negado haber «presionado» al secretario para que no refleje en este acta lo que sucedió realmente en aquella Junta de Gobierno y ha insistido en que, si no se ha llevado a aprobación, ha sido «por falta de tiempo».

La portavoz de GxF, Alejandra Ferrer, ha mostrado, por su parte, su total rechazo a la actitud del presidente. «Cuando pienso que la cosa no puede ir a peor», ha comentado, «va a peor». Ferrer ha puesto sobre la mesa la cuestión de que, una vez que el acta está redactada, solo es necesaria la firma del presidente del Consell y remitirla al departamento correspondiente para su publicación en el Portal de Transparencia. Un trámite que no debería llevar apenas tiempo. La portavoz de GxF ha admitido que puede haber algún retraso si hay discrepancias entre lo recogido por el secretario y alguna interpretación. Y también ha subrayado que «si el tema no está judicializado, lo estará en breve».

El Pleno, por otro lado, ha debatido sobre la necesidad de evitar las filtraciones a los medios de comunicación. Un punto en el que, de nuevo, han saltado chispas entre Córdoba y el resto de la Corporación insular. GxF ha acusado al presidente de no atender a sus peticiones de información ni de convocatoria de la Junta de Portavoces. El presidente se ha defendido arremetiendo contra Sa Unió por filtrar información a los medios. Y la acusación le ha venido de vuelta por boca del portavoz del PSOE, Rafa Ramírez, quien le ha exigido que «deje de financiar a panfletos» y de filtrar noticias a estos. «Eso sí que generará un respeto por parte de los ciudadanos», ha concluido Ramírez, «saca los colores lo que estamos leyendo. Y usted sí que tiene margen de actuación».