El jefe de la Demarcación de Costas de Balears, Carlos Garau,
asegura que la Ley de Directrices de Ordenación del Territorio
(DOT) tiene varias disposiciones «que vulneran de forma frontal el
orden de distribución de competencias entre las diferentes
Administraciones públicas y que entran en claro conflicto con la
Ley de Costas». Por ello, Garau entiende que el recurso es
«inevitable».
Este recurso será presentado ante el Tribunal Constitucional por
dos motivos: por un lado, hay artículos que pueden ser considerados
inconstitucionales y, por otro, algunas disposiciones crean un
conflicto de competencias con el Estado.
El artículo que más claramente puede ser recurrido es el que
deja sin efecto la Ley de Costas en Formentera. Garau considera que
esta disposición «serviría para legalizar actuaciones,
fundamentalmente viviendas, que se han ejecutado ilegalmente».
Asegura que estas actuaciones ilegales se han debido a la falta de
actuación sancionadora de la institución competente, ya sea el
Govern, el Consell o el Ayuntamiento al que le afecte.
Además, otro aspecto cuestionado es el artículo que obliga al
Gobierno central a requerir un informe vinculante del Govern balear
cada vez que quiera realizar un plan de actuación en Balears. El
Govern pretende evitar, por ejemplo, que Madrid apruebe nuevas
pistas para los aeropuertos si antes no tiene el visto bueno de
Balears.
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