Más del 68% de la población balear, concretamente el 68,7%, considera que la Administración autonómica, es decir el Govern de las Islas, no implica suficientemente a la ciudadanía a la hora de tomar decisiones.

El dato, revelador, ya obra en poder del Govern. De hecho, ha sido obtenido en base a una encuesta a 1.800 personas de todas las Islas mayores de 18 años, encargada por el propio Ejecutivo.

Los primeros datos acaban de llegar a la Conselleria de Presidència. Encargar una encuesta era el primer paso para la elaboración del primer Plan de Participación Ciudadana que se presentará el mes que viene y que tiene un objetivo político claro que explica el director general de Relacions Institucionales, Santiago Florit: «Implicar a todos los ciudadanos y ciudadanas de Balears en la toma de decisiones».

La encuesta, elaborada por el Instituto Balear de Estudios Sociales Avanzados (IBES), refleja que el 55,3% de la población balear considera que no participa en la gestión de los asuntos públicos; es decir que «pasa» de la llamada «cosa pública». Pero tampoco considera que la Administración se preocupe demasiado en fomentar la implicación de la ciudadanía: un 68,7% piensa que no.

La encuesta deja claro, al menos así se constata en la memoria de la misma, que los ciudadanos valoran «positivamente» la idea del Govern, explicada en su momento por el conseller Moragues en el Parlament, de abrir canales e instrumentos para que la sociedad sea más participativa. «Hay que escuchar a los ciudadanos» es una de las respuestas más señaladas en estudio demoscópico. Actualmente existen diversas formas de participar en la vida pública. Según la encuesta, las elecciones, con un 97%, es la vía más conocida. En segundo lugar, la recogida de firmas (95%), después las encuestas de opinión (94%) y, en cuarto lugar, las manifestaciones y concentraciones.

Un dato muy significativo, del que el Ejecutivo y el resto de instituciones habrán tomado nota, es la escasa relevancia que se da a la figura del Síndic de Greuges o Defensor del Pueblo autonómico: sólo el 16% de la población sabe de la existencia de esta figura como posible canal para trasladar sus inquietudes. Es la gran asignatura pendiente de Balears: aún no se ha puesto «cara y ojos» a esta figura. No se ha elegido. De hecho, la encuesta refleja que sólo el 3,4% ha recurrido a un comisionado de este tipo, posiblemente al defensor estatal.

Canales del Govern

Los primeros datos de la encuesta, que todavía se tienen que procesar oportunamente, ponen en evidencia que tres canales de comunicación propios del Ejecutivo están a la cola de los que se consideran más útiles, entre ellos su propia web de internet.

El 42,7% considera que la web es útil. Al Servei d'Informació telefónica lo ve útil un 30,07% mientras que a la Oficina de Atención al Ciudadano, un 25,6%.

El canal más útil de participación ciudadana son las elecciones para la mayoría de la gente (85,6%), seguido de las plataformas ciudadanas (72,5%).

E.PRESS

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales de Balears advierten de que la comunidad tiene todavía «diez asignaturas pendientes» en materia de montes, entre las que destacan la necesidad urgente de aprobar el Plan Forestal de las islas. En un comunicado remitido por el Colegio con motivo del Día Forestal Mundial que se celebró ayer, el colegio pide a las administraciones competentes que, además de dicho plan, impulse también una ley de montes autonómica y descentralice los servicios técnicos de las islas, «dividiendo el territorio en comarcas forestales con, al menos, tres oficinas en Mallorca».

En su nota, el Colegio denuncia que en la administración de Menorca, Eivissa y Formentera «no existe personal técnico forestal» y exige que, dado que «casi el 93 por ciento del territorio forestal es privado», se concedan ayudas y subvenciones a los propietarios, que «son los mayores creadores del concepto «paisaje forestal».

Acerca de los montes públicos, la institución reclama que se adquieran terrenos para aumentar el patrimonio forestal de las islas «sobre todo en Menorca y Eivissa»- y que la gestión de dichos montes «vuelva a los servicios forestales y no a los de espacios naturales».