Sant Josep tendrá que vallar el lugar para evitar accidentes hasta que se cumpla su eliminación. FOTO: GERMÁN G. LAMA

La piscina del antiguo hotel San Diego de Cala de Bou es otra de las construcciones del litoral ibicenco cuya demolición ha sido solicitada por Demarcación de Costas debido al fin de la concesión que le permite estar ubicada en espacio de dominio público.

En este caso particular, los concesionarios renunciaron a la explotación de esta piscina y la abandonaron, sin proceder a la derribo impuesto por orden ministerial. Por ello, hasta que la construcción sea derribada, Costas ha solicitado al Ayuntamiento de Sant Josep que «acordone» la zona para evitar cualquier tipo de accidentes.

«La concesión está terminada, los antiguos concesionarios renunciaron y la restitución del paisaje en a su estado original debería estar hecho. Por eso hemos instado al Ayuntamiento para que acordone la piscina para evitar peligros de que se alguien se pueda dañar», explicó el jefe de la Demarcación de Costas, Celestí Alomar. La piscina formó parte durante años de lo que fue el hotel San Diego de Cala de Bou, vendido para ser transformado en apartamentos. Sin embargo, las obras están paralizadas y el esqueleto del edificio se alza sobre la bahía de Cala de Bou.

Margen para el hotel Simbad

Otra piscina ubicada en zona de dominio público y que tiene su concesión finalizada es la del hotel Simbad, ubicado en la bahía de Talamanca. Sin embargo, este caso es diferente ya que la propiedad del hotel ha solicitado a la Demarcación de Costas un nuevo período para poder mantenerla, mediante la presentación de «un nuevo proyecto». «Les hemos dado un margen para que presenten el proyecto, por lo tanto no hay ninguna decisión tomada al respecto», apuntó Alomar, para quien es necesario «tener la máxima sensibilidad a las posibles propuestas». «No podemos decir no a una relación que ha habido desde hace muchos años, pero las posibilidades que tienen aún no las sabemos», destacó el jefe de Costas, sobre esta edificación turística ubicada sobre la bahía de Talamanca.

Alomar destacó que el tiempo de una concesión administrativa depende de cada proyecto, con los que pueden darse permisos hasta de 99 años. Sin embargo, destacó que todos aquellos plazos extensoso otorgados antes de la Ley de Costas de 1988, terminarán en 2018 debido a que «la ley dió un plazo de 20 años para diseñar un nuevo mapa de las concesiones». Alomar destacó que esto no significa que desaparezcan la concesiones ya que la ley también contempla «nuevas prórrogas» para proyectos acordes a la legalidad.