El Consell de Formentera pidió ayer ante la Unesco que las obras del puerto sigan «exactamente el informe de impacto ambiental para que no tenga ninguna repercusión sobre los bienes declarados que están en el entorno natural de Formentera».

Así lo explicó la vicepresidenta de la institución, Sònia Cardona, en relación al vertido de fangos que producirán las obras y que serán arrojadas al mar. Y así lo expresó también en el encuentro que mantuvo ayer con los inspectores de Icomos, de UICN y del Centro de Patrimonio Mundial que desde el pasado miércoles realizan un reconocimiento del proyecto del puerto de Vila para saber si las obras pueden afectar a los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad, como Dalt Vila y la posidonia, y que, como consecuencia, puedan poner en riesgo la declaración.

Fue una reunión conjunta entre consells en la que también participó el presidente Xico Tarrés.

«Es nuestra máxima preocupación, pero siempre con la confianza de que se actuará con responsabilidad desde todas las administraciones y coordinadamente para que no tenga ninguna afección», destacó Cardona, que también puso sobre la mesa la tramitación que ha iniciado Formentera para que se le incluya dentro de la denominación de patrimonio mundial ya que parte de la biodiversidad distinguida por la Unesco está en territorio formenterés.

Tras el encuentro con ambas instituciones insulares, los evaluadores continuaron con más reuniones, entre ellas, con el Club Náutico de Eivissa.

Por la tarde, las tres jornadas de inspección se clausuraron con más encuentros, primero con técnicos institucionales, y después con representantes de todas las instituciones implicadas en el proyecto de remodelación del puerto: Autoritat Portuària, Govern balear, el Ayuntamiento de Eivissa y Consell.

Una vez terminan la inspección sobre el terreno, los asesores de la Unesco deberán emitir sus informes para el Centro de Patrimonio Mundial, que llevará sus conclusiones al Comité de Patrimonio Mundial se reúne en asamblea de forma anual, y esta vez será en julio en Brasilia. En principio, hasta entonces no se sabrá si las obras ponen en peligro la declaración.