El Grup d'Estudis de la Natura (GEN) emitió ayer un comunicado en el que anunciaba haber tenido conocimiento de que el pasado 20 de noviembre la Dirección General de Política Interior de la Comisión Europea ha decidido abrir un expediente de infracción contra España por posibles irregularidades cometidas por la Autoritat Portuària de Balears (APB) en la adjudicación de la concesión del puerto de Ibiza Nueva (ahora Marina Ibiza) a la empresa Semar.
«Esta concesión se tramitó y aprobó por parte de la APB para ser utilizada como medida de presión para forzar la alternativa de plataformas al abrigo del dique de Botafoc, en vez de una ordenación racional del espacio portuario», aseguraron ayer los ecologistas en su comunicado. la presunta infracción sería la falta de publicidad del contrato según lo dispuesto por la normativa europea.
La decisión del organismo europeo incluye enviar una petición al Estado español para que justifique la medida, para lo cual tiene dos meses. Posteriormente, existe un plazo similar para que la entidad europea decida sobre el asunto y, en caso de considerar que se ha producido una irregularidad, comunicar un dictamen razonado al gobierno español. De no seguirse esas recomendaciones, la cuestión podría acabar siendo denunciada ante el Tribunal Europeo de Justicia, según el GEN.
Desde la Autoritat Portuària de Balears (APB) no se tenía constancia ayer de ninguna apertura de expediente sancionador pero defendieron la legalidad del acuerdo. El motivo de su no publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, causa por la que el GEN lo denunció, es que «no se trata de una obra civil si no de un contrato de una concesión pública, que no está sometido a ese trámite», apuntaron desde la APB.
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