Una vez aprobado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) el Ayuntamiento de Vila tiene ahora dudas sobre si determinados suelos industriales del municipio tienen usos comerciales. Por ello ha solicitado un informe jurídico que lo aclare.

Actualmente hay propietarios que están interesados en vender suelo industrial para usos comerciales. El problema es que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) entra en contradicción con algunos planes parciales de los polígonos. Por el momento no se sabe si lo que dice el PGOU prevalece o si se debe respetar lo que dicen los planes parciales. «Hay diferentes criterios de aplicación y por ello se ha pedido un informe jurídico para saber cómo se tiene que resolver», explicaron fuentes del Ayuntamiento, que indicaron que se están estudiando los casos uno por uno porque cada uno es diferente.

«Bloqueo»

Propietarios de terrenos se dirigieron a este periódico para quejarse por la «parálisis» que hay en este aspecto, ya que desde el Ayuntamiento no emiten certificados de usos y pueden perder clientes que están dispuestos a invertir, lo que calificaron de «grave». Aseguran que la inversión privada está «parada» y que hay mucha gente en la misma situación. Incluso hablan de personas que están al borde de la quiebra por culpa de este bloqueo de estas zonas, llamadas Àreas de Planeamiento Incorporado (API), que están situadas por ejemplo en la zona de Gesa o es Viver. «El PGOU lo han hecho ellos y no lo saben ni interpretar», aseguraron las mismas fuentes.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento negaron que haya nada paralizado. Simplemente, se ha pedido un informe para aclarar estas contradicciones que se dan entre el nuevo planeamiento, que fue aprobado recientemente, y los planes parciales.

Desde el Ayuntamiento d'Eivissa explicaron que algunos propietarios se quejan de bloqueo porque tienen «mucha prisa por vender para uso comercial». «Resulta muy rentable que en un polígono industrial se pueda hacer por ejemplo un supermercado grande», explicaron desde el Consistorio aludiendo al fin de la moratoria de las grandes superficies que se producirá con la entrada en vigor de la nueva ley de comercio, adaptada a la llamada directiva Bolkestein.