Aunque nominalmente existe un acuerdo para arreglar la crisis del Govern entre el PSIB, Unió Mallorquina y el Bloc, todavía quedan flecos que resolver que pueden entorpecer el fin del conflicto. Uno de ellos, quizás el más peliagudo, es quién ocupará la cartera de Turisme, un cargo que, según pudo conocer este periódico, podía haber recaído en un socialista ibicenco antes de que se acordará mantener el departamento en manos de los nacionalistas, que quieren volver a sentar a Francesc Buils en el Consell de Govern.

Según fuentes del PSIB, cuando la posibilidad de romper con UM y gobernar en minoría era todavía una opción viable, una parte de la ejecutiva socialista habría visto con buenos ojos la designación del diputado ibicenco Joan Boned para sustituir a Nadal. Boned tendría a su favor el hecho de una dilatada experiencia en los pasillos del Parlament y en los entresijos de la política de Palma, al tiempo que mostraría el apoyo del Govern a las 'Islas menores', especialmente a Eivissa, muy contestataria en los últimos tiempos en materia turística.

No a Buils

Una vez que se ha decidido mantener el Pacte, la discusión dentro del PSIB se centra en que no se quiere a Francesc Buils como conseller, y así se lo ha hecho saber al president Francesc Antich que, sin embargo, no hará de este asunto una bandera que pueda entorpecer la relación con UM. De momento, y según ha sabido este periódico, se conforma con que llegue a la formación mallorquinista este deseo y que busque otras alternativas.

Buils es el candidato de la dirección de UM pero en medios socialistas sentó muy mal que protagonizara una rueda de prensa en la que denunciaba la 'conexión' de la Fiscalía con el gobierno y con el 'calendario' de imputaciones de cargos de su partido en Balears.

Por otra parte, el Bloc acordó comunicar a sus socios propuestas para «mejorar» el código ético, añadiendo condiciones a que los cargos ejecutivos electos tengan que ser cesados o, en caso de ocupar un escaño y negarse a dimitir, ser suspendidos de militancia si un juez dicta una medida cautelar contra ellos o la apertura de juicio oral.

Los acuerdos para salvar el Pacte pretenden abarcar todas las instituciones donde están coaligados, pero el Ayuntamiento de Palma podría ser un punto de fricción que, quizás, contagie a los otros organismos. Esquerra Unida (EU) acordó ayer «mantener una relación política normalizada con UM pese a dar por suspendida la misma en el Ajuntament de Palma mientras se mantenga la presencia de Miquel Nadal como concejal», explicó Emylse Mas, coordinadora de EU-Palma.

Por su parte, Eberhard Grosske, líder de la formación en la corporación palmesana, explicó que Nadal ha roto el pacto. Su tesis es que si UM «se sigue desmarcando», la alcaldesa Calvo debería echar a sus ediles del gobierno. Esta situación, compartida por parte del PSIB, pone en jaque al gobierno de Aina Calvo, que precisa de todos sus socios para gobernar.

Mientras tanto, desde UM se empieza a estar «muy harto» de Grosske hasta el punto que un alto cargo expuso a este diario: «no podemos garantizar que haya paz en Cort».

El nuevo baremo para abordar las imputaciones de cargos públicos es la medida más destacada, pero no la única, del paquete de propuestas que están cerrando los partidos del Govern.

Unió Mallorquina y Bloc dejarán de bloquear la Ley del Sector Público que ha sido elaborada por la Conselleria d'Hisenda. El Govern aprobará una Ley de publicidad institucional que establecerá mecanismos comunes para todas las áreas de gobierno. El Govern de Balears presentará ante el Parlament un 'código ético'. Los partidos, de cara a próximas comparecencias electorales, se obligarán a firmar una serie de puntos claros para el caso de que sean imputados en causas judiciales. Dimitirán de forma autonática.Se retirarán los vetos a la Ley del Suelo y se aprobará esta legislatura.