La campaña contra el transporte ilegal del Consell d'Eivissa suma desde el 1 de julio casi la mitad de taxis ilegales interceptados que el verano pasado.

Hasta el momento, los inspectores han intervenido 115 taxis pirata frente a los 202 de 2009. De estos 115 casos, 85 terminaron en denuncias y 30 en constancias previas mientras que el año anterior, de los 202 expedientes, 147 terminaron en denuncias y 55 en actas.

Según explicó el conseller de Mobilitat, Albert Prats, aunque se interceptaron menos taxis ilegales, «la ratio de inspecciones es muy elevada teniendo en cuenta que tenemos la mitad de inspectores que el año pasado», destacó, y detalló que sólo se contrataron de forma extraordinaria dos inspectores frente a los cuatro que trabajaron en la temporada pasada, debido a la política de control presupuestario que no permite contratar más personal. «También hay que tener en cuenta que este año está el problema de que hay carencias en las policías locales y se hace más difícil coordinar las actuaciones», agregó Prats, ya que la campaña se realiza en colaboración con las policías locales y la Guardia Civil.

Por otra parte, el conseller respondió a las críticas de las asociaciones de taxistas que registraron un escrito en el Consell para expresar su «decepción por la mínima y tardía lucha contra el transporte ilegal». «Los taxistas desde el primer día de la legislatura están muy reivindicativos con este tema y se entiende. Es verdad que el transporte ilegal está muy presente, pero también lo es que el Consell es la institución que mayor esfuerzo está haciendo en combatirlo», afirmó, e insistió en que la solución también pasa «por aumentar de una manera drástica el número de taxis reglados».

Se embargarán vehículos por sanciones impagadas

La tesorería del Consell ha ordenado el embargo de aquellos vehículos propiedad de cualquier persona que tenga deudas pendientes por sanciones impagadas de años anteriores, según informó la máxima institución insular. En este sentido, todas las denuncias originan expedientes sancionadores calificados de muy graves contra la normativa del transporte, y con un coste inicial de 6.000 euros que puede llegar a los 18.000 euros, en caso de reincidencia. Según recordó el Consell, en algunos casos, además, se determina la inmovilización del vehículo, que queda a disposición de la máxima institución en dependencias municipales hasta que no se abone el importe de la multa.

Por último, cabe recordar que las actas de constancia previas son realizadas por los inspectores cuando tienen sospechas de que el conductor de un vehículo está llevando a cabo una actividad ilegal. La acumulación de estas actas deriva en denuncia formal y la consecuente sanción.