El conseller de Política Empresarial, Joan Serra Mayans, negó ayer que el retraso de un mes en notificar al Grupo Playa Sol (GPS) el precinto de los apartamentos Atzaró haya sido intencionado. «Era un procedimiento administrativo que lleva toda una serie de trámites de resolución y coincidió en las fechas que coincidió», destacó Mayans.

Según el conseller, «no hubo una planificación» para evitar que la clausura se produjera en pleno mes de agosto. «En el momento que se tuvo que hacer se hizo», agregó.

Así se refirió Mayans al expediente con multa de 66.000 euros y orden de cierre inmediato que el 17 de agosto firmó para que se precintaran los apartamentos turísticos, pero que no llegó a manos de Javier Perelló, administrador judicial de GPS, hasta el 23 de septiembre, cuando ya había transcurrido buena parte de la temporada turística. Tras esta notificación, GPS presentó un recurso de alzada que fue rechazado por el Consell, que finalmente precintó los apartamentos Atzaró el 1 de octubre.

La historia

Cabe recordar que el procedimiento comenzó en junio de 2010 a raíz de una denuncia de la Federación Hotelera que, acompañada de un documento notarial, alertaba de que el grupo de Fernando Ferré estaba comercializando numerosos establecimientos sin la preceptiva autorización y sobre las que pesaban órdenes de cierre.

A raíz de la denuncia, el Consell inspeccionó los apartamentos turísticos el 13 de julio y comprobó que estaban abiertos. Una semana después, Mayans inició la preparación de la ejecución forzosa del cierre, que se había aprobado en un pleno en mayo de 2009 por infracción muy grave de varias leyes turísticas. En virtud de ello, el 28 de julio se instó a GPS a que cesara voluntariamente la actividad, y le avisó que dos semanas después, el 12 de agosto, se llevaría a cabo una inspección y, si los apartamentos no estaban cerrados, se le impondría una sanción de 6.000 euros diaria. Con una nueva inspección, el 12 de agosto se comprobó que los apartamentos continuaban abiertos.

Paralelamente, GPS presentó alegaciones para que no se precintaran los hoteles antes del final de la temporada pero el Consell las desestimó, dictando una orden de cierre el 17 de agosto, que no fue notificada a GPS hasta el 23 de septiembre.

Reuniones de seguimiento

Por otra parte, hoy empiezan las reuniones de seguimiento entre GPS, Consell y sindicatos UGT y CCOO, para que la empresa pueda formalizar sus establecimientos de cara a la próxima temporada. Según destacó el conseller Joan Serra Mayans, en este primer encuentro la empresa «planteará qué establecimientos piensa que puede solucionar en este invierno y de cara a la próxima temporada». Según las propuestas, destacó Mayans, el deber del Consell y de los sindicatos es comprobar la «evolución» de las soluciones a adoptar.