La mayoría de los ayuntamientos de Eivissa reconoce su retraso en el pago de facturas y lo achaca a la falta de crédito

En el caso del Ayuntamiento de Vila se establece un periodo de pago de entre 60 y 90 días, siendo este último el plazo máximo dado por la Administración para abonar sus deudas con empresarios de la Isla

En Sant Antoni, por su parte, informaron que la media de espera para cobra es de entre tres y seis meses. «Desde el Ayuntamiento se intenta hacer efectivo los pagos lo más rápido posible», y aseguraron que se establecen los tres meses para los pequeños empresarios y los seis para los proveedores de la Administración más grandes.

El Consistorio de Sant Josep de sa Talaia asegura que siempre «se intenta pagar tan rápido como sea posible», aunque no ofrecen ningún plazo medio. «La Administración Municipal josepina es consciente de que el plazo máximo es de dos meses, por eso se intentan pagar las facturas a los empresarios, tanto pequeños como grandes, en el mínimo de tiempo posible». En este caso achacan que la variación en el periodo de espera para cobras varia en función de la liquidez con la que cuente el departamento de Tesorería municipal.

Por último, en el consistorio de Sant Joan, reconocen que algunas facturas deben dilatarse «entre dos o tres meses» para abonarlas por la falta de ingresos. En este sentido, fuentes del Ayuntamiento señalaron que, a pesar de ser el municipio que menos ingresos percibe y más espacio gestiona, «no se contratan cosas que no se pueden hacer». Como ejemplo, indicaron que la política de austeridad que desarrolla el municipio de Sant Joan desde siempre ha hecho que este año no se contrate ningún tipo de publicidad: «Las facturas se pagan con mucha puntualidad y no se contratan cosas que no se pueden hacer, gestionamos asumiendo lo que hay y llevamos las cuentas muy al día».

Menos plazos y más controles para evitar la morosidad de las administraciones

Según la modificación de la ley de morosidad publicada en julio de este mismo año se acorta el plazo para abonar las deudas por parte de las administraciones y se endurece más el control. Así la ley, actualmente limita a 55 días el periodo legal para pagar las deudas asumidas. De cara al próximo año, esta cifra se reducirá a 50 días para seguir disminuyendo y llegar a pagar en 30 días en 2013. Asimismo, esta normativa también establece la posibilidad de reclamar indemnizaciones a las administraciones por la demora en los cobros. Otro de los aspectos es la obligación de los tesoreros municipales o interventores de realizar trimestralmente un informe sobre el cumplimiento de los plazos previstos que incluirá, según la ley, el número y la cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo. Este informe deberá remitirse a los órganos competentes del Ministerio de Economía y a los de la Comunitat.