El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº1 de Palma ha desestimado el recurso presentado por Aqualia para que se paralice de forma cautelar la tramitación del concurso público para la gestión del suministro de agua del municipio durante los próximos 20 años.

Aqualia, actual adjudicataria, solicitó esta paralización después de que el pleno del Ayuntamiento de Eivissa desestimara el recurso reposición presentado por la empresa ante la institución, y aprobara definitivamente la memoria económica y el anteproyecto de diversas obras hidráulicas para el expediente de contratación del servicio de agua y saneamiento.

En este sentido, según informó ayer el Consistorio, el auto judicial entiende que este acto administrativo no supone ninguna lesión o daño patrimonial a Aqualia, por lo que no procede paralizar la convocatoria del nuevo concurso.

Por otra parte, el Ayuntamiento informó también que tres empresas se han presentado al concurso público y que se trata de Valoriza, Acciona y Agbar. La mesa de contratación se ha reunido para abrir la documentación administrativa y está previsto que en dos semanas se pueda proceder a abrir el pliego técnico. Según las estimaciones del Consistorio, el servicio podría estar adjudicado a principios de 2011.

Cabe recordar que el pliego para la gestión del agua prevé una inversión de 13 millones de euros en obras de mejora de las infraestructuras hidráulicas de la ciudad. Entre los proyectos destacan la renovación de saneamien y pluviales de Dalt Vila, la construcción de tres emisarios submarinos de aguas pluviales en ses Figueretes y en Platja d'en Bossa, la eliminación de fosas sépticas, y la renovación de redes separativas de pluviales y fecales en barrios que aún carece de esta instalación como son Eixample, es Pratet, la Marina y sa Capelleta.

El pliego también prevé una partida mínima de 200.000 euros anuales para mantenimiento, ampliaciones, renovaciones y reparaciones, así como el cobro de una compensación anual para el Ayuntamiento de entre de alrededor de 150.000 euros anuales por el uso de instalaciones municipales.