La constructora de la autovía debe retirar las tierras antes del día 20

Sin justificación
Suárez explicó que el proyecto de la autovía de Eivissa al aeropuerto incluía la excavación de unas trincheras en parte de su trazado «de difícil justificación técnica», que con el tiempo se demostró que respondían al interés de construir un campo de golf, el cual además no tenía licencia por parte la empresa Fiesta Hotels, apostilló.
La parlamentaria señaló que el proyecto preveía el depósito temporal de la tierra sustraída de estas trincheras en una finca de un área de unos 30.000 metros cuadrados y que, posteriormente, tendría que ser trasladada a las correspondientes canteras.
Suárez afirmó que la ocupación final de la finca afectó a una superficie diez veces superior a la establecida y que la tierra ocupó unos 400.000 metros cúbicos.
La diputada añadió que esta situación fue denunciada y que «no provocó ninguna reacción por parte del Govern del Partido Popular». Además, agregó que se han emitido sentencias judiciales al respecto que constatan que hubo un pacto entre las empresas adjudicatarias de la autovía y la empresa Fiesta Hotels, para que ésta última pudiera hacer uso de estas tierras.
Suárez recordó que el actual Govern ha pedido en repetidas ocasiones a la empresa adjudicataria la retirada de la tierra, si bien todavía no se ha procedido a ello.
Asimismo, la parlamentaria apuntó que Carbonero dijo en una visita a que el Govern se haría cargo de la retirada de la tierra y que para ello había distintas posibilidades.

Polémica sobre la actuación de la Justicia en casos de corrupción
El pleno del Parlament rechazó ayer por unanimidad «los intentos de presionar» la actuación del Ministerio Fiscal, los tribunales de Justicia y las fuerzas de seguridad en la lucha contra la corrupción política mediante «declaraciones y amenazas públicas» y ha respaldado la actuación de los mismos.
La proposición socialista aprobada ayer es una respuesta a unas declaraciones del presidente del PP balear, José Ramón Bauza, que aseguró que el partido estudiaría emprender acciones legales contra los investigadores del supuesto caso de corrupción «Plan Territorial», después de que éste fuera sobreseído.
Los diputados respaldaron también de forma unánime una enmienda del grupo popular para rechazar «cualquier acción u omisión» que vulnere el principio de la independencia del poder judicial y los derechos de igualdad ante la ley, presunción de inocencia, libertad individual, la tutela judicial efectiva, el respeto al secreto de sumario y el derecho al secreto de las comunicaciones.
El portavoz del grupo socialista, Antoni Diéguez, calificó de necesario que el Parlament valore el trabajo llevado a cabo en Balears en la lucha contra la corrupción política.
La diputada del grupo popular, Mabel Cabrer, criticó que el grupo socialista ataque al líder del PP apelando a la Constitución cuando a la vez incumple desde el Govern los acuerdos que adopta el Parlament en el que está en minoría.