El diputado nacional del PP por Baleares Enrique Fajarnés solicitará que el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, comparezca en el Congreso para explicar las razones que han motivado la autorización de prospecciones de hidrocarburos en aguas del Mediterráneo.

En declaraciones a Europa Press, Fajarnés ha comentado que se registrará esta comparecencia para que Sebastián acuda a la Comisión de Industria, Turismo y Comercio dado que su departamento es el responsable de validar dichas prospecciones en aguas de la Comunidad Valenciana.

Además, el diputado ibicenco ha explicado que a esta solicitud de comparecencia se unirá también una 'batería' de preguntas parlamentarias dirigidas al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino con la intención de conocer si se ha procedido al análisis del impacto ambiental que pueden tener esas prospecciones.

Fajarnés ha subrayado que el ministro tiene que dar explicaciones en sede parlamentaria sobre las razones que sustentan la autorización de prospecciones y «las repercusiones» que puede tener para la actividad turística, que a criterio de su partido «pueden ser muy negativas».

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También ha considerado que las prospecciones para hallar hidrocarburos «pueden tener una repercusión medioambiental» en zonas protegidas de Baleares y Canarias, y concretamente en las áreas de alto valor natural de las islas pitiusas.

Por otro lado, Fajarnés ha subrayado que el Govern balear ha reaccionado en contra ante la posibilidad de realizar prospecciones petrolíferas en estas aguas y «espera que otras instituciones --en referencia al Consell d'Eivissa-- se pronuncien en términos parecidos.

Precisamente ayer, la CAEB ha advertido de las posibles consecuencias negativas que podrían derivarse para el conjunto de la comunidad de las prospecciones petrolíferas en las aguas existentes entre la costa valenciana e ibicenca.

Por otro lado, el senador autonómico por Baleares Pere Sampol también mostró su intención de registrar diversas preguntas parlamentarias para solicitar información al Gobierno central sobre los criterios que han justificado la autorización.