El ex presidente de la CEOE, entrando en el edificio de Justicia en Palma para responder del caso Mar Blau

El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán ha descargado hoy en José Manuel Domínguez, exconsejero delegado de la que fuera su empresa Trapsa Yates, las posibles responsabilidades sobre un supuesto amaño en la adjudicación de unos amarres que se investigan en el «caso Mar Blau» de corrupción.

Díaz Ferrán ha declarado hoy como imputado ante el titular del juzgado de instrucción 8 de Palma, Antoni Rotger, que indaga supuestas irregularidades en la concesión de amarres durante la actual legislatura por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) en los puertos de Maó y de Eivissa a la sociedad Trapsa Yates cuando era propiedad del expresidente de la CEOE.

Entre otras cosas, se investiga un contrato entre el Club Marítimo de Mahón, una de las candidatas a un concurso de amarres de este puerto menorquín, y la empresa Teinver -propietaria de Trapsa Yates- por la que el club le cedía tres puestos de amarre y pagaba 13.000 euros a cambio de trabajos de asesoría.

La Fiscalía sospecha que este contrato sirvió en realidad de pantalla para encubrir un acuerdo para que Trapsa se retirara del concurso, a cambio de las citadas prebendas, y que la asesoría legal a favor del club nunca se produjo.

«El consejero delegado era quien tomaba las decisiones de la compañía, yo en aquel momento estaba muy desvinculado de las empresas», ha afirmado Díaz Ferrán preguntado acerca de este contrato, en el que, ha insistido, no intervino «para nada».

Domínguez, que está citado mañana a declarar, afirmó en cambio ante la policía que Díaz Ferrán conocía la verdadera finalidad del contrato y que se repartieron los tres amarres cedidos por quince años por el Club Marítimo de Mahón, valorados por la policía en 4 millones de euros y cuyo precio el expresidente de la CEOE ha rebajado hoy a 1,2 millones.

Díaz Ferrán ha desmentido hoy al juez estas declaraciones de Domínguez, aunque ha reconocido que hubo «sugerencias» por parte de la Autoridad Portuaria para que se retiraran del concurso de Mahón porque el club ejercía «presión».

Sin embargo, ha dicho que cuando Domínguez le explicó estas sugerencias, él le respondió que no se retirarían del concurso: «Le dije que no nos íbamos a retirar del concurso nunca, como nunca nos hemos retirado de ningún tipo de concesión, no solo marítima», ha asegurado Díaz Ferrán, y ha añadido que incluso dijo a Domínguez que si no lo ganaban, lo impugnarían.

«Me pareció extraño que nos sugirieran que nos retiráramos, entiendo que no habría sido normal que nos ofrecieran algo a cambio», ha apuntado.

Díaz Ferrán ha defendido además que el contrato por el que el club cedía los amarres responde «a lo que pone en el papel», es decir, a labores de asesoría.

El expresidente de la CEOE también ha sido preguntado acerca de la adjudicación a Marina Ibiza por parte de la APB de otros amarres en Eivissa en la antigua Ibiza Nueva cuando otra empresa ofrecía más dinero, y ha dicho desconocer los detalles de este negocio.

Otro asunto por el que se le ha inquirido es acerca de si Trapsa Yates tenía contabilidad en negro, tal y como declaró un implicado en este caso, lo cual ha negado rotundamente, lo mismo que ha hecho inquirido acerca de si es cierto que Domínguez le pagó 130.000 euros en efectivo, tal y como el ex consejero delegado declaró ante la policía.

Hoy también ha declarado ante el juez el expresidente de Trapsa Yates Juan Carlos Rodríguez, quien ha dicho que no tuvo «ninguna» relación con este contrato que supuestamente sirvió para encubrir una posible retirada del concurso.