Un ingeniero que asesoró a la Autoritat Portuària rechaza presiones en la concesión de Marina Ibiza

Justo Aguado ha declarado como imputado ante el juez instructor del «caso Mar Blau», Antoni Rotger, que investiga supuestas irregularidades en torno a la adjudicación en 2008 de dos concursos para gestionar amarres en Maó y Eivissa por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB).

En concreto, se indaga si se produjo un trato de favor por parte de directivos de la APB hacia la empresa Trapsayates, que era propiedad en aquel entonces de Díaz Ferrán y que resultó adjudicataria de los dos concursos.

Aguado, ingeniero de profesión y que trabajó muchos años como funcionario para el puerto de Palma, ha explicado que Matías le contrató durante los años 2006 y 2007 como asesor para estudiar las empresas que se presentaron al concurso de Eivissa.

Se le imputan los delitos de cohecho, falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración y contra la Hacienda Pública y coacciones por favorecer supuestamente a las empresas Semar-Trapsayates en este concurso.

El imputado ha afirmado que no formó parte de la comisión técnica que estudió las empresas presentadas al concurso, sino que simplemente sirvió de refuerzo a Matías, el cual no tenía tiempo para estudiar este asunto.

Ha reconocido que Semar no era en principio el proyecto más adecuado para ganar el concurso, ya que tenía «errores materiales» debido a que infló el presupuesto, aunque ha añadido que al final del procedimiento era «la más apropiada».

Preguntado acerca de un informe externo de la empresa Ligros en el que se decía que Semar había aumentado «de manera ilícita» su presupuesto de ejecución y que este era un hecho «grave», Aguado ha respondido que las medidas que se tomaron fueron pedir a Ligros que «suprimieran las expresiones valorativas del informe ya que ese no era el objeto que se le había encomendado».

Ha afirmado que esa versión del informe de Ligros se desestimó porque iba sin firma y era un primer borrador, aunque dos miembros de la comisión declararon al juez en su momento que quienes desestimaron el informe fueron Aguado y Matías.

También aseguraron estos miembros de la comisión, los cuales consideraban que no se debía adjudicar el concurso a Semar, que Aguado había calificado de «nimio» el error en el que había incurrido al inflar su presupuesto. Al respecto, Aguado ha reconocido que «posiblemente» pudo haberlo dicho.

El imputado ha señalado que se penalizó «suficientemente» a la empresa por ese error, incluso «más que a otras».

«Ni he sufrido presión nunca, ni en concesiones ni en obras de proyectos, como funcionario del Estado eso es inadmisible, estoy seguro de que nadie se habría atrevido a pedirme esto nunca», ha apuntado al juez.

Finalmente, ha indicado que la decisión que tomó la comisión técnica por unanimidad tras cuatro meses de debate fue libre y voluntaria, sin que nadie les impusiera ningún criterio.