El presidente electo del Consell, Vicent Serra, estudiará si puede abrir la residencia de mayores de Sant Antoni debido a la delicada situación económica que atraviesa el Consorcio Sociosanitario, que tiene un aviso de embargo de dos millones de euros de la Seguridad Social por el impago de cotizaciones de sus trabajadores. Este organismo, dependiente del Consell y del Govern, gestiona las residencias de Can Blai y Sant Jordi.

«No podemos plantearnos dar ahora un paso adelante si no sabemos lo que pasará y si podremos pagar esta deuda», dijo Serra, que estudiará la situación económica exacta del Consell y del consorcio para ver si esta infraestructura se puede poner en marcha. «Lo que no voy a hacer es lo que han hecho ellos, que han arriesgado no pagar las cotizaciones de la Seguridad Social y a la vez estaban contratando gente para Sant Antoni pese a que la residencia estaba cerrada», criticó el presidente electo, que tiene noticias de que para este nuevo centro ya hay gente «contratada y cobrando», algo que considera que es un ejemplo de «muy mala gestión».

Pide que se arregle

Serra también lamentó que las gestiones que está haciendo el equipo de gobierno del Consell en funciones «no estén dando frutos» y que la Tesorería General de la Seguridad se haya negado a perdonar el recargo por no haber pagado a tiempo y por no haber presentado alegaciones, un suplmento que asciende a 400.000 euros. El presidente electo pidió otra vez a los progresistas que intenten arreglar el problema y posponer el pago para que el día 5 de julio no se produzca el embargo de las cuentas del Consell. De hecho, Serra señaló que si el Gobierno central finalmente les quita estos dos millones del presupuesto, gobernar la institución será «muy complicado».

El presidente electo remarcó que el conseller que llevará los asuntos económicos, Àlex Minchiotti, ya ha mantenido varias reuniones con el conseller de Finances Corporatives en funciones, Tomás Méndez y está al tanto del estado de las cuentas del Consell. «La gestión ha sido muy mala», remarcó Serra.

Compran las camas de la residencia por 124.000 euros

El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) publicó ayer la adjudicación de la compra de camas para la residencia de Sant Antoni por un total de 124.130 euros. Esta adquisición, que se ha hecho vía concurso público, se ha adjudicado a la emrpesa Kromyoussa por un importe inferior al presupuesto de licitación, que era de 165.402 euros. Esta adjudicación la ha hecho el Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears, que es diferente al consorcio ibicenco que ha tenido los problemas.

La auditoría la harán los funcionarios

El presidente electo indicó que la auditoría que encargará sobre las cuentas del Consell y que anunció en la campaña electoral la harán los propios funcionarios de la casa, concretamente del departamento de intervención. Esto tiene como finalidad no gastar dinero en una empresa. «Tendríamos que encontrar muchas cosas para que se tuviera que hacer una auditoría externa», explicó Serra, que indicó que no se trata de una auditoría para sacar ilegalidades, sino para saber el estado real de las cuentas y ver qué proyectos se pueden llevar a cabo. «Nosotros no planteamos que haya habido una ilegalidad, simplemente decimos que ha habido un gasto totalmente incontrolado sin ningún tipo de tramitación administrativa y con decisiones políticas equivocadas», añadió Serra, que recordó que las cuentas del Consell se revisan anualmente por el Tribunal de Cuentas.