Imagen de la fachada de la sede de Can Botino. | Marco Torres

La deuda actual de todos los ayuntamientos de la isla con sus proveedores supera los 14 millones de euros. El consistorio que más debe es Vila, con 5,9 millones, seguido de Sant Josep, con 3,9 millones de déficit. El tercer lugar lo ocupa Santa Eulària, con 2,3 millones de euros de deuda, y el cuarto, Sant Antoni, con 1,8 millones.

Entre los cuatro consistorios suman una deuda de 13,9 millones de euros, a la que falta agregar el déficit de Sant Joan, que asegura que lleva el pago de sus facturas según la ley, con un plazo de pago de un máximo de 60 días, aunque también acumula facturas de los últimos dos meses.

Ésta es la previsión actual de las deudas municipales con proveedores cuyos pagos, en algunos casos, llevan muchos meses de retraso.

El caso más llamativo es el de Sant Josep, con un periodo de pago de 180 días. «Son muchos meses sí, estamos muy atrasados», reconoció la concejala de Hacienda, Paquita Ribas, que indicó que la deuda supera los 3,9 millones, ya que esta cifra no incluye los pagos pendientes de los dos últimos dos meses «y alguna factura del año pasado». «En septiembre empezaremos a cobrar los impuestos y entonces será cuando podamos acortar los plazos. Pero ahora mismo, que nos hemos tirado unos meses recibiendo la aportación del Estado y poca cosa más, nos hemos atrasado mucho», agregó Ribas.

Recaudación de impuestos

De igual forma, Sant Antoni y Santa Eulària también esperan el periodo de cobro de impuestos para dar salida a las facturas impagadas. Por un lado, Sant Antoni informó que su deuda de 1,8 millones con pequeños y medianos proveedores se saldará en septiembre, cuando termine la recaudación que comenzó en julio.

En total, prevé ingresar 18 millones de euros, de los cuales, 5,9 millones proceden «de multas por disciplina urbanística» y el resto de impuestos pendientes de cobro y deudas de otras administraciones.

Según un informe de Tesorería, la causa del retraso en los pagos se debe en Sant Antoni a que «la insolvencia de los contribuyentes y de otras administraciones se ha incrementado considerablemente desde el estallido de la crisis económica».

Por ello, según el concejal de Hacienda, Vicent Ribas, entre sus objetivos se encuentran «acelerar los trámites burocráticos para el cobro de sanciones por disciplina urbanística, principalmente», así como los impuestos impagados y lo que le deben otras administraciones.

Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Eulària, si bien también espera el cobro de los impuestos para acortar plazos, no está tan atrasado con los pagos.

Así lo asegura el alcalde Vicent Marí, que indica que la deuda de 2,3 millones es «la contabilizada a día de hoy» y que las facturas «se pagan en una media de entre 60 y 90 días». «Ahora cuando viene la recaudación los pagos se hacen a 30 días. No tenemos demoras, ni facturas de años anteriores», destacó Marí.

En el otro extremo se encuentra Vila, cuyo concejal de Hacienda, Juan Daura, aseguró que «los plazos de pago no son los correctos» aunque no quiso detallar de cuánto tiempo es el retraso. «Esta gente ha dejado una deuda importantísima con una antigüedad muy gorda. Nosotros, en los 20 días que llevamos, hemos pagado ya mucha cosa», destacó.

En este sentido, desde el Consistorio informaron que al entrar el nuevo equipo de gobierno la deuda era de siete millones y que en los últimos días se han pagado 1,08 millones.

Pendientes de conocer los detalles del crédito ICO que pedirá el Consell

Los consistorios están a la espera de conocer más detalles sobre los nuevos créditos ICO aprobados por un decreto estatal para saldar deudas con proveedores. Una opción que el Consell ya anunció que adoptará para saldar 3,6 millones de los 9,5 millones que adeuda. Sin embargo, los ayuntamientos no se muestran tan convencidos e, incluso, hay algunos que ya han rechazado esta opción.

Este es el caso de Santa Eulària, cuyo alcalde, Vicent Marí, indicó que «no será necesario». Por su parte, el concejal de Hacienda de Vila, Juan Daura, también cree que no se acogerán al crédito, porque su «corto» plazo de devolución, tres años, provocaría «una carga financiera muy gorda». Aún así, coincide con Sant Josep y Sant Antoni que aún faltan detalles sobre el decreto para estudiar si se acogen o no.