El conseller balear d'Administracions Públiques, Simón Gornés, explicó ayer que es imposible recuperar el convenio mediante el cual el Govern aportaba un millón de euros al Consell para la rehabilitación de un edificio en sa Coma para el centro de emergencias del 112.
El conseller recordó que forman parte del Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat, una declaración que «confiere un gran interés cultural y turístico que se tiene que potenciar». Gornés explicó que las condiciones económicas del Govern «no son muy buenas» pero intentarán ayudar en todo lo posible «con buena voluntad».
De esta forma, el Consell deberá retornar los 400.000 euros que recibió como adelanto para realizar esta obra, ya que, según el conseller, a día de hoy solo se han justificado 40.000 euros y además la prórroga del convenio se pidió fuera de plazo. «No hay vía legal de retrotraer el convenio, pero miraremos de buscar una fórmula para el año que viene compensar este dinero que ahora se tiene que devolver al Govern», indicó Gornés, que atribuyó este problema a la mala gestión de los progresistas. Preguntado por si el año que viene se aportará el millón de euros para reformar el edificio, el conseller respondió que se compromete a estudiar, «dentro de las posibilidades de la Conselleria la forma en la que el Consell salga lo menos perjudicado posible».
El presidente del Consell, Vicent Serra, aseguró que en la reunión de ayer se acordó negociar un nuevo convenio para 2012 con el fin de llevar a cabo las obras previstas. Serra le trasladó su «preocupación» por el mantenimiento de estos servicios e indicó que son una «prioridad». Eso sí, el presidente matizó que la inversión que se incluya en el nuevo convenio se tendrá que «adecuar a la situación económica» y que si es posible se lleve a cabo en sa Coma y si no en otra ubicación. En cuanto a la devolución de los 400.000 euros, se intentará hacer descontando el dinero que debe el Govern al Consell por otros conceptos.
Zona azul
En la reunión que mantuvo Gornés con la alcaldesa de Vila, Marienna Sánchez-Jáuregui, ésta le pidió que agilice la puesta en marcha de una comisión consultiva que debe emitir un informe sobre la adjudicación del nuevo contrato de la zona azul, ya que ahora todo este asunto está paralizado. En principio, a finales de septiembre otro órgano consultivo del Govern les entregará otro informe no vinculante que les marcará ya el camino y esperan proceder entonces a la adjudicación. «Hasta ahora lo gestiona Park Control, pero queremos que lo lleve ya la empresa nueva», añadió la edil.
El conseller estuvo en los ayuntamientos de Eivissa, Santa Eulària y Sant Josep para explicar su proyecto de mejora de la gestión administrativa. La alcaldesa de Vila le pidió que además de simplificar trámites e introducir nuevas tecnologías, tendría que trabajar en la «vertiente humana» de la atención al público.
Santa Eulària pregunta por la pérdida del expediente del solar del nuevo instituto
Los alcaldes de Sant Josep y Santa Eulària también se quejaron de la lentitud de la Comissió de Medi Ambient, órgano que tiene «muchos expedientes paralizados». «Nos han pedido una fórmula para vaciar de expedientes la comisión, porque además a Santa Eulària incluso el Govern le ha perdido uno sobre la cesión del solar donde va un nuevo centro escolar», aclaró Gornés.
Santa Eulària también pidió formación a través de la EBAP de los funcionarios municipales para dar una mejor atención y solicitó mantener la partida para policía turística e invertirla en la policía local.
El Govern ofrece «buena voluntad» en el Consorci Patrimoni
En cuanto a los Juzgados, la alcaldesa explicó que formalizarán a finales de mes un protocolo con el Gobierno central de permuta del solar de sa Graduada por el de los actuales Juzgados y la delegación del Gobierno. Después será el momento de negociar las infraestructuras con el Gobierno central. Gornés indicó que harán «toda la presión» para que el Ministerio de Justicia garantice las necesidades en infraestructuras en el traspaso de competencias.
Sant Josep lamenta el elevado coste en seguridad de playas
El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Agustinet, hizo llegar al conseller su preocupación por el «elevado coste» que tiene la apliación del Decreto de Seguridad de Playas. El conseller Gornés reconoció que el municipio de Sant Josep tiene muchas calas y playas y se comprometió a estudiar una «mejora del decreto». Aseguró que no es el primer ayuntamiento que le hace llegar esta preocupación.
En las reuniones con los ayuntamientos también se habló de policía local y el conseller se comprometió a convocar «cuanto antes» a todos los jefes de policía local a través de la comisión de coordinación insular y poner al día todas las peticiones. La alcaldesa de Vila remarcó que se tiene que potenciar la colaboración entre los diferentes cuerpos.
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