El pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni aprobó ayer solicitar un crédito ICO para pagar 687 facturas pendientes de cobro. De esta forma, el Consistorio portmanyí reclama más de 850.000 euros para hacer frente a algunas de las deudas pendientes.
Según manifestó el concejal en la oposición del PSOE-Pacte, Josep Marí Margue, «aún quedan otras muchas por pagar».
Asimismo, la sesión plenaria también dio el visto bueno a una moción presentada por Nova Alternativa para constituir una Mesa de Participación Ciudadana y saber así, de primera mano, la opinión de los ciudadanos de Sant Antoni. Por contra, y a pesar de contar con los votos de PSOE-Pacte, el equipo de gobierno rechazó la propuesta de Nova Alternativa de suprimir el cobro de la zona azul durante los meses de invierno. Según alegaron en el pleno, la contrata con la empresa que gestiona la zona azul no acaba hasta finales del 2012.
El pleno del Consistorio también dio el visto bueno a dos facturas por la realización de trabajos extras en dos colegios del municipio que no estaban presupuestadas.

«Por ser novatos no deberían ser tan inoperantes»
El PSOE-Pacte de Sant Antoni valoró ayer los 100 días del equipo de gobierno y criticó que a pesar de ser novatos «no deberían ser tan inoperantes». Por ello, la portavoz Laura Carrascosa y José Marí Margue destacaron la «inoperancia en la gestión pro el desconocimiento que este equipo de gobierno tiene sobre cómo se debe gestionar el Ayuntamiento». En esta línea criticaron que el equipo de gobierno no haya sido capaz de resolver «ninguna de las múltiples problemáticas que afectan a Sant Antoni» poniendo como ejemplo los ruidos, el desorden y los problemas de convivencia.
Desde las filas de la oposición resaltaron que el equipo de gobierno «no ha puesto en marcha ningún proyecto anunciando que en Sant Antoni no habrá grandes inversiones durante un año». «La alcaldesa y su equipo de gobierno prometieron ser austeros y llevar a cabo medidas de austeridad y hasta el momento la única iniciativa que conocemos por parte del equipo de gobierno para aplicar esta austeridad es la de aumentarse los sueldos entre 7.000 y 12.000 euros al año», criticaron.