El Consell envió un escrito en junio al Ayuntamiento de Vila para que aportara más documentación para poder abrir la estación de autobuses. Esta misiva, que se produjo cuando el equipo progresista del Consell ya estaba en funciones y que está firmada por el entonces conseller de Mobilitat, Albert Prats, solicita que Vila acredite el cumplimiento de la normativa en una serie de puntos.
Tres meses después, el Ayuntamiento aún no ha respondido a esta petición, porque según la alcaldesa, se estaba a la espera de un informe de un ingeniero del Consistorio para conocer la viabilidad técnica de la estación.
En el documento que envió el Consell progresista se pedía que se demostrara que se cumple la normativa de transportes en relación a las estaciones de viajeros. También se solicitaba que se acreditara que se ejecutan las prescripciones que hizo el departamento de carreteras del Consell sobre los efectos de la estación sobre la circulación por el primer cinturón de ronda.
Según el Consell, también se debía resolver la petición de inspección que hicieron los transportistas para saber si las deficiencias que marcó la Comissió Insular d'Activitats se habían subsanado. Esto lo pidieron los empresarios de transporte solicitando la subrogación del Consell a las competencias municipales.
La alcaldesa de Vila, Marienna Sánchez-Jáuregui, explicó esta semana que al hacer la empresa concesionaria, Sagalés, una declaración jurada ésta ya equivalía a una licencia, pero ahora se ha pedido un informe técnico para saber si lo que dice Sagalés es cierto o no y si las deficiencias marcadas por la Comissió d'Activitats se han corregido. La alcaldesa recordó que en este escrito enviado por el Consell también se les pide que justifiquen si se ha cumplido con estas prescripciones, algo que se está haciendo a través de este informe.
Aclarar el tema económico y hacer las pruebas con los transportistas
En este escrito el Consell pidió también que se consensuara el traslado en cuanto a paradas y líneas a partir de la propuesta que ya había hecho la institución insular. Solicitaba además que se aclarara el tema económico y aseguraba que ya había negociaciones avanzadas para que el Consell asumiera el coste anual de 170.000 euros y se rechazara la idea de que la entrada de cada bus costara 50 euros. Asimismo, el Consell indicaba en esta carta que había que regular las condiciones internas de uso de la estación y recordaba que todavía había que realizar las pruebas por parte de los operadores de las líneas de transporte y había que ver su resultado. Por último se pedía un calendario para el traslado.
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