La oposición se desmarca de la reclamación millonaria de la propiedad de Punta Prima

El pleno celebrado ayer en el Consell de Formentera fue largo y tedioso a excepción de en cuestiones puntuales y la más importante de ellas, por el alcance de la misma, era la referida a la designación de letrados en relación a la reclamación patrimonial de la empresa Sunway SL, propietaria del Club de Vacaciones de Punta Prima, que se sitúa en 26,5 millones de euros de indemnización. La representación letrada recayó en Mil Lagos Asesores, que debe defender al Consell ante la demanda interpuesta por Sunway SL por los daños que les suponen las nuevas Normas Subsidiarias al impedirles desarrollar planes de crecimiento que pretendían duplicar la capacidad hotelera actual del terreno.
Tanto el PP como el GUIF se desmarcaron de las posibles responsabilidades que puedan derivarse de la aprobación de las NNSS de la isla, recordaron que en la tramitación de las mismas ya hicieron constar su rechazo a cuanto se refería a Punta Prima y exigieron al equipo de gobierno del Consell que dialogue con la propiedad para evitar males mayores.
Juanma Costa, portavoz del PP en el Consell señaló que su postura «siempre ha sido muy clara y cuando se debatían las NNSS ya dijimos que no queríamos participar en lo que se hacía en dicha zona porque el Tribunal Supremo en dos o tres sentencias, reconocía como urbano el suelo el cuestionado y obligaba, en caso de ser retirada la calificación de zona urbana, a afrontar unas reclamaciones patrimoniales muy importantes».
El PP, como ya lo había hecho desde el primer momento el GUIF, se había opuesto a estas medidas por considerar que supondrían un problema muy grave para las arcas del Consell que debería pagar «una indemnización que condicionará el futuro económico de todos los formenterenses», dijo Juanma Costa, que al mismo tiempo encareció al equipo de gobierno de sentarse y dialogar con la propiedad para «intentar llegar a acuerdos de una forma u otra, lo importante es dialogar porque estamos hablando de una cantidad de dinero tan importante como para no arriesgarnos a ir a los juzgados» subrayó Costa.
Por su parte, el conseller de Urbanismo, Bartomeu Escandell, defendió la postura del Consell en las medidas adoptadas señalando que las NNSS de Formentera están aprobadas por tanto vigentes, y el problema es que los propietarios de la zona no están conformes con la calificación del suelo. «Por eso nos han puesto por un lado un contencioso a las NNSS por criterios urbanísticos y al mismo tiempo han puesto una demanda de reclamación patrimonial por lo que entienden una trato injusto hacia ellos».
La postura del Consell, señaló el conseller de Urbanismo, es que en cuestiones de edificabilidad la legislación vigente, suelo en zona periférica del Parc Natural de ses Salines, el PORN dejaba claro que hay que rebajar la edificabilidad en estas zonas «cuando la propiedad de Punta Prima pretendía construir el doble de lo que hay ahora, lo cual no entra en la línea de contención urbanística que pretende conseguir el actual equipo de gobierno».