El juez archiva la querella de la asociación de discotecas de Balears contra ‘Agustinet’

La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca ha estimado el recurso interpuesto por el exalcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas Agustinet, contra su imputación a raíz de una querella criminal interpuesta por la Asociación de Discotecas y Salas de Fiestas de Balears. La agrupación había acusado al exalcalde de un presunto delito de «prevaricación administrativa» y de tener una «actitud totalmente pasiva ante la notoria situación de ilegalidad de la que viene beneficiándose» el club DC10, «cuando menos desde el año 2004», por su «actividad de discoteca, de la que carece licencia».
El Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa había admitido a trámite la querella de la asociación de discotecas, una decisión cuestionada por la defensa de Agustinet y también por el Ministerio Fiscal, y que ahora es rechazada por la audiencia.
En su auto, el juez justifica el archivo de la querella en la documentación aportada por la defensa de Agustinet y destaca que el Consistorio «ha incoado distintos expedientes administrativos con motivo de las actividades denunciadas», como exceso de aforo, de nivel sonoro y por realización de actividades distintas a las autorizadas.
Los expedientes
Asimismo, apunta que gran parte de las denuncias presentadas por la asociación de discotecas son anteriores a que Agustinet asumiera como alcalde en 2007, y que «desde su nombramiento han incoado sendos expedientes sancionadores», uno de los cuáles terminó en multas pecuniarias y otro en el cierre del local durante un año por su funcionamiento como discoteca. «Sanción importante y que descarta la denunciada complacencia municipal que se atribuye por los querellantes», remarca el juez, que también destaca las inspecciones municipales al DC10 así como el precinto de sus equipos de música, cuestión que aún está en los tribunales por el quebrantamiento del precinto por parte del local.
En este sentido, el auto asegura que la tramitación de los expedientes así como de otro reciente a instancias de los querellantes, «se comparece mal con las imputaciones y denuncia de conducta prevaricadora omisiva que se vierten en la querella».
Asimismo, da la razón a la defensa del exalcalde porque esta cuestión «ha de ser relegada al ámbito puramente administrativo» y no penal. Por último, destaca que «ciertamente no todas las denuncias de la Asociación querellante» han dado lugar a expedientes sancionadores «pero ello tal vez se comprende porque la explotadora del establecimiento DC10 contaba con autorización de apertura y licencia de actividad de café bar». «Es posible que la asociación considere que la respuesta del Ayuntamiento a sus denuncias debió haber sido otra y más contundente, empero lo cierto es que lo ha habido y por tanto ello descarta la acusación de prevaricación», señala.