El Govern cree que con el decreto se podría desproteger Benirràs pero sería demasiado lento

«Hay dos temas, uno que estos suelos tendrían que cumplir los requisitos y en muchos casos quizás no los cumplen porque el decreto habla de contar con los servicios básicos o de consolidación por edificación», explicó el director general, que reconoció que este decreto permite que aunque el suelo se haya protegido con posterioridad, la parte urbanizada que cumpla las condiciones se incorpore al suelo urbano.

«No se ha hecho para esto»

«Este decreto no se ha hecho para salvar esto; sí que es verdad que puede tener una consecuencia, aunque es probable que no la tenga, porque muchos de estos temas están en vía judicial avanzada y la ley dice que si hay un reconocimiento de indemnización a favor de los propietarios no sería recuperable; irán más rápido las sentencias que los ayuntamientos y esto lo hace inoperativo», añadió el director general, que cree que la desprotección de Benirràs y Roca Llisa se tendrá que hacer de otro modo, en una «normativa más específica». «Es una cuestión que tiene problemas jurídicos complicados y hay un interés en buscar una solución satisfactoria para todos; el Consell se ha implicado y estamos trabajando juntos», añadió Mesquida. El GEN ya advirtió que este decreto permitía la recuperación de estas urbanizaciones.

Juan: «No sabemos si puede recuperar alguna urbanización»

El conseller de Territori del Consell, Mariano Juan, consultó ayer algunas dudas sobre el decreto a los servicios jurídicos para ver qué enmiendas presentará el Consell. En principio, aún no se sabe si esta nueva normativa del Govern podría recuperar alguna urbanización que antes no se pudiera ejecutar. «Tal vez, no lo conozco. No te puedo decir que no la haya», explicó Juan, que dice que también habrá que ver si los urbanizables de Platja d'en Bossa y Cala Tarida cumplen con todos los servicios con la nueva ley. «Si ya están urbanizados de hecho se incorporarán como tal y si no como urbanizables», remarcó el conseller, que aclaró que ahora cada ayuntamiento tendrá que analizar también qué asentamientos rurales convierte en urbanos.

También negó que en suelo rústico se pueda hacer cualquier cosa con la nueva normativa de interés general, ya que es solo «para contribuir al desarrollo rural» y no se puede hacer «una discoteca».

Mesquida: «No habrá industrias en el campo»

El director general matizó que no se podrá instalar cualquier industria en suelo rústico como dicen los progresistas, sino solo las de transformación agraria. Mesquida no opina que se puedan colar «cosas poco deseables» porque el PTI y las DOT no lo permiten. «Hasta ahora no se podía poner una bodega al lado de una viña y ahora se podrá», indicó Mesquida, que remarcó también que el coste de los servicios en los núcleos urbanos los tendrán que asumir los propietarios o el Ayuntamiento «si así lo desea». También cree positivo que se rebaje en un 80% la multa a los infractores que decidan derribar sus ilegalidades porque así «se incentiva la restauración». Asegura que ello «no premia al infractor», sino que así se podrán tirar ilegalidades más rápidamente aunque el ingreso para las arcas públicas sea menor. Asimismo consideró positivo que se puedan reformar casas en zonas protegidas y negó que el decreto sea inconstitucional e incumpla la normativa estatal.

La dirigente del GEN Neus Prats, pidió ayer al Consell que no se deje «ningunear» por Palma y que «pare esta barbaridad de decreto» que «Eivissa no puede asumir». También pidió a la oposición que presente un recurso de inconstitucionalidad.

El blog Eivissa Confidencial publicó ayer que el decreto elimina la necesidad de licencia para hacer una perforada.