La alcaldesa de Eivissa, Marienna Sánchez-Jáuregui, leyendo uno de los puntos del día, ayer, durante el pleno. | Marco Torres

El equipo de gobierno de Vila retiró ayer el pliego de condiciones para la contratación del servicio público de limpieza, encargado en la anterior legislatura por PSOE-ExC y pagado con 60.000 euros de las arcas municipales.
El concejal de PSOE-Pacte, Rafa Ruiz, acusó al PP de «tirar a la basura el dinero público por un capricho» y en base a «un informe jurídico externo a la casa que vale miles de euros». «Cómo se atreve a hablarme de 60.000 euros cuando una mala gestión de ustedes en Itusa ha costado 18 millones de euros más 5,8 millones en reclamaciones judiciales», respondió la alcaldesa Marienna Sánchez-Jáuregui, quien señaló que el pliego se retira porque «es ilegal, inviable y llega tarde». «En el anterior pleno nos llamaron vagos. Yo no sé si ustedes son vagos o ineptos porque si después de doce años no fueron capaces de sacar un pliego, ya me dirán cuánto les preocupaba la limpieza», atacó la alcaldesa, encargada de argumentar la desestimación del expediente en lugar del concejal de Medio Ambiente, Juan Mayans, porque es un tema «jurídico».
Por su parte, Ruiz criticó que el proceso de licitación se paralizó en junio con una alegación de la entonces concejala popular Virtudes Marí, que incluso el propio informe jurídico recomendó desestimar. «¿Si no deben ser estimadas por qué debemos desistir de un concurso público?», preguntó Ruiz, para quien esta retirada es «un escándalo» y obedece «a las manera del PP, la ultraderecha de este país, que dan ganas de irse».
En su turno de palabra, Vicent Ferrer de ExC indicó que el informe jurídico del secretario «dice que la retirada del pliego es una decisión discrecional». Según Ferrer, esta retirada retrasará un año y medio el nuevo servicio, y preguntó para qué, entonces, se subieron las tasas de basura.
La alcaldesa acusó a Ruiz de «sesgar la realidad documental» ya que al informe jurídico le acompaña un dictamen del secretario de la Corporación que indica que «el pliego es nulo de pleno derecho» porque «no se tuvo en cuenta que había que hacer un anteproyecto y recoger alegaciones». Asimismo, dijo que tampoco ««se previeron los riesgos económicos», con lo cual, «el pliego es ilegal», y señaló que la limpieza es la «estrella de su programa» y que harán un pliego «como se merecen los ciudadanos».
Jáuregui indicó que cuando llegaron al gobierno se encontraron con la alegación de Marí «en un cajón». «Es decir que parece ser que su actuación habitual son las irregularidades y en algunos casos, rayanas de la ilegalidad», acusó y señaló que además es un pliego «denso y enrevesado» ya que muchas empresas pidieron aclaraciones. «Me pregunto por qué hacen las cosas tan poco claras, quizás porque luego da margen para hacer lo que no es mejor para el interés general como ha quedado claro hace poco. Parece que ustedes tienen hábitos de favorecer más los intereses privados que los generales», atacó.
La alcaldesa respondió a Ferrer y le dijo que se leyó parcialmente el informe ya que «la elección discrecional tiene que ver con licitar junto o por separado la recogida y la limpieza y no con la retirada del pliego». «Creo que los dos [Ruiz y Ferrer] se han columpiado con sus interpretaciones. Pero lo entiendo porque no son juristas», agregó y señaló que el destino del aumento de la tasa se verá «cuando tengamos el pliego de condiciones aprobado».
«No soy abogado pero sé leer las cosas, y el informe dice que son decisiones de carácter discrecional», se defendió Ferrer.
Por su parte, Lurdes Costa pidió al final del pleno que se le entregue una copia de la auditoría de Itusa «para poder defendernos de estas acusaciones» y que se reflejen en el acta «todas las palabras ofensivas».
Tras la sesión, también dijo a la prensa que el pliego se aprobó entonces «con informes económicos y jurídicos favorables».

Las alegaciones

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