Ferraz nombra una gestora presidida por Boned que investigará las «irregularidades» del congreso

La ejecutiva federal del PSOE aprobó ayer la creación de una comisión gestora que dirigirá la Federación Socialista de Eivissa (FSE) durante un tiempo indeterminado y que propiciará una investigación sobre las «irregularidades» que se produjeron en el II Congreso de la FSE, anulado por el PSIB el miércoles por la tarde a instancias de los renovadores.
La nueva gestora, que ha diseñado la dirección del PSOE balear, está presidida por el diputado Joan Boned e integrada por Marta Díaz, Miguel Padial y Pepa Marí (sector renovador) y por los críticos Manuel Rubio, José Manuel Bar y Pilar Ferrero. La secretaria de Organización dle PSIB, Isabel Oliver, destacó que es una junta «plural» y que recoge «todas las sensibilidades». No quiso entrar en por qué hay más renovadores que críticos. «Lo importante es que es un grupo que ya ha adoptado decisiones por unanimidad, están implicados y quiero reconocer su dedicación y esfuerzo», añadió Oliver, que cree que con esta gestora se podrá salir de esta situación con «garantías y rigurosidad».
En su primera reunión, la gestora, que se constituyó poco después de las 13,00 horas y en la que estuvo presente Oliver, aprobó la apertura de una investigación interna sobre los motivos que llevaron a la Mesa del II Congreso de la FSE a acreditar a una delegada cuando ya había empezado la votación, algo que decantó la balanza a favor de los críticos.
Oliver explicó que está claro que la decisión de aceptar esta delegada estuvo «mal tomada» y que ahora lo «fundamental» es saber por qué se hizo. Insistió en que este órgano congresual tomó resoluciones «arbitrarias, inconsistentes y contradictorias», lo que creó «indefensión y confusión», por lo que, al ser un tema «delicado y sensible» no existían las «garantías necesarias que la normativa prevé para un proceso electoral». Para decidir la anulación del congreso la ejecutiva del PSIB estudió la documentación de la Mesa y las credenciales.
Preguntada por el hecho de que el presidente de la Mesa defiende que pidieron consejo a PSIB y Ferraz y éstos les instaron a tomar una decisión, Oliver remarcó que la votación empezó con 66 delegados y finalizó con 67, lo que constituye una «irregularidad» aunque reconoció también que en los documentos «no se detecta una mala fe». «Pero sí se dejó a una parte indefensa, porque se atendió a unos y no a otros», añadió. Respecto a la cuestión de que Pilar Ferrero era integrante de la Mesa y lo es ahora de la gestora, indicó que ese órgano congresual «se pudo equivocar» y ante eso «hay que actuar». Boned añadió que «no se trata de acusar a nadie de la Mesa», sino de ver el proceso y la documentación que llevó a tomar estas decisiones y luego ver la «responsabilidad que le pueda corresponder a cada uno».
El presidente de la gestora aclaró que la investigación podría dar como resultado la apertura de expedientes disciplinarios, aunque es una posibilidad hoy «difícilmente confirmable».