Lejos de calmarse, las aguas en el PSOE ibicenco están cada vez más revueltas. Después de que Ferraz confirmara la anulación del congreso socialista por considerar que se produjeron «gravísimas irregularidades», ayer el sector de Pedro Campillo anunció que no descarta ninguna acción para «restablecer su honorabilidad». El próximo paso sería recurrir a la Comisión de Garantías del partido o, si ahí no tienen éxito, incluso a los tribunales.
Campillo criticó ayer que la resolución de Ferraz no ha contrastado información y simplemente se ha limitado a confirmar lo que ya había dicho el PSIB. «Está cogido con alfileres, falta contrastar más cosas, yo no cometí ninguna irregularidad», defendió el que surgiera vencedor del congreso anulado por un voto, que cree que ciertas cosas que se dicen ahora dentro del partido no se dirían ante un juez. Campillo también lamentó que se les esté tachando de «hacer trampas» cuando no se está investigando la verdad. De hecho, cree que los renovadores/oficialistas están intentando ganar el congreso por una «falsa vía».


Boned no lo comparte
Muy diferente es la opinión del presidente de la gestora, Joan Boned, que «entiende», pero «no comparte», las declaraciones de Campillo sobre la resolución de la dirección federal del PSOE. «Dice que está cogido con pinzas y es un criterio que yo no puedo compartir, porque Ferraz manifiesta que ha habido hechos irregulares provocados por decisiones tomadas por la mesa del congreso y hace referencia a otras irregularidades que no son objetos de la resolución pero que también investigaremos desde la gestora», dijo el presidente de este órgano, que remarcó que la «inseguridad del congreso fue manifiesta».
Pese a que en el PSOE ayer muchos hablaban de que se abrirá un expediente que podría acabar en expulsión a dos miembros del sector crítico como son Carlos Salinas y Javier Pina, Joan Boned explicó ayer que aún no se ha tomado ninguna resolución. Eso sí, no descarta la apertura de expedientes y está investigando a todas las personas que mencionaba la resolución del PSIB y que básicamente eran Salinas, Pina y también Bernardo Escalona, que fue acusado por el delegado Prudencio Hortelano de presionarle para que renunciara. Sin embargo, fuentes no oficiales explicaron ayer que en el partido no se habla de Escalona como posible expedientado, sino solo de Salinas y Pina.

Las referencias a Pina y Salinas

En la resolución del PSIB se hablaba de la actuación del número dos del PSOE de Vila, Javier Pina, y del administrativo del partido e histórico Carlos Salinas en torno a la renuncia del delegado Prudencia Hortelano. De hecho, el PSIB decía que dudaba de la veracidad de algunos documentos, ya que al parecer había renuncias de Hortelano firmadas pero sin fecha de entrada y otras sin firmar pero con fecha de entrada en el partido que, al parecer, manejaba Pina. También se mencionaba que Salinas había borrado con tippex una entrada en el libro de registro. Los implicados siempre han defendido que han actuado con rectitud.