José Ramón Bauzá, en una imagen de archivo. | J. TORRES

El president José Ramón Bauzá no incluyó la declaración de actividades y patrimonio que custodia el Govern las empresas de las que era administrador: Bauser y Divino. Según consta en el expediente remitido por el Ejecutivo al juez que estudia la posible incompatibilidad de Bauzá, el president entregó una segunda declaración complementaria en la que sí figuran estas dos empresas, además de acciones de Unión Farmacéutica Balear.

En la documentación que aparece en el expediente y que ha sido remitida al juez no figura la fecha en la que Bauzá realizó esta segunda declaración, que complementa la que hizo al ser nombrado president y en la que sólo figura la farmacia como bien patrimonial y no como actividad económica. Fuentes del Govern tampoco detallaron ayer en qué fecha se realizó la declaración complementaria.

Su defensa

En la documentación enviada al juez, y que compone todo el expediente abierto por el Ejecutivo, consta el pliego de alegaciones redactado por el president, en el que defiende que no ha incurrido en ningún incompatibilidad. Por un lado, dice que la oficina de farmacia cuenta con un farmacéutico sustituto, como marca la ley.

De la empresa Divino, otra de las que se cuestionan señala que dejó de ser administrador nada más tomar posesión. Por lo que respecta a Bauser, admite que dejó de ser administrados a principios de mayo de 2012, es decir, que compaginó esta empresa con su cargo público. Bauzá, sin embargo, considera que no hay incompatibilidad algunas ya que la empresa no realizaba ningún tipo de actividad y simplemente seguía abierta para gestionar su patrimonio. Para ello, el president incluso aporta un informe realizado por un economista que trata de validar esta afirmación.

Entre las actuaciones realizadas por el Ejecutivo para dirimir si hay o no incompatibilidad, el instructor del expediente también constata que desde la toma de posesión de Bauzá, en junio de 2011, hasta finales de abril de 2012, el president compaginó su cargo público con el ejercicio de una actividad económica.

Lo que dice la ley

En el expediente no se entra a valorar si los argumentos expuestos por Bauzá sobre la inexistencia de actividad económica son o no válidos. Sí reproduce un artículo del decreto que desarrolla la ley de incompatibilidades, fechado en diciembre de 2009. Asegura que los miembros del Govern tienen la obligación de «todas las actividades públicas o privadas que desempeñen por sí, o mediante sustitución o apoderamiento y que sean retribuidas, sean susceptibles de retribución o que puedan proporcionar ingresos económicos aunque, de hecho, no se perciban compensaciones de ningún tipo por las mismas».

Según este artículo, el president tenía la obligación de incluir en su declaración las dos sociedades que no declaró. No obstante, el texto vuelve a matizar que no será necesario incluir las que gestionen patrimonio. Es decir, que la duda vuelve a estar de nuevo en si la farmacia y las empresas son patrimonio o actividad económica.

Lo que sí parece claro es que, a la vista de la declaración complementaria de bienes que amplía la que hizo nada más ser nombrado president no se registró a tiempo, ya que la ley da un mes de plazo para que el president y los altos cargos presenten sus actividades.

Remuneración

Por lo que respecta a los ingresos derivados de la farmacia, el informe que se adjunta al expediente distingue entre remuneración y rendimientos. Señala que un alto cargo no puede percibir remuneraciones por otros trabajos que no sean los propios del cargo público. Los rendimiento, según el informe, son rentas del capital inmobiliario o ganancias patrimoniales derivadas del patrimonio personal o familiar, «cuya actividad de administración es compatible con el ejercicio del cargo».

En el expediente también se aborda el polémico nombramiento de Borja Rupérez como gerente de IB3. Bauzá asegura que las denuncias de la oposición se basan en informaciones periodísticas no sustentadas en denuncias reales. Recalca que el nombramiento de Borja Rupérez partió de jacobo Palazón, que en aquel momento era subdirector general del ente y aspiraba a ser director general.