Imagen de la nueva estación de Vila, gestionada por Cetis-Sagalés. | Marco Torres

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Palma dictó ayer una nueva suspensión cautelar relacionada con la estación de autobuses del Cetis, esta vez sobre dos de las tarifas que se iban a aplicar. Esta resolución es la respuesta al segundo recurso interpuesto por el Consell y se une a la paralización del traslado de los autobuses.

Las tarifas suspendidas son las relativas a las líneas de transporte público regular que presta el Consell a través de sus concesionarios: cinco euros por entrada y salida de autobús y cinco céntimos por viajero. La juez recuerda que puede acordar esta medida cautelar sin escuchar a la parte contraria «si concurren circunstancias de especial urgencia». Ahora se establece un plazo de tres días para que el Ayuntamiento de Eivissa pueda presentar sus alegaciones. En este fallo judicial también se destaca que los motivos de fondo tendrán que ser objeto de valoración en una futura sentencia.

El vicepresidente del Consell, Mariano Juan, recordó ayer que ellos alegaron que el Ayuntamiento no puede fijar tarifas sin tener líneas propias y que no se les tuvo en cuenta para aprobarlas, además de que desconocen por completo el precio del billete que se debe aplicar a partir del traslado. «Nos dicen en este auto que hay apariencia de buen derecho en la impugnación del Consell», remarcó el vicepresidente. Desde el Ayuntamiento no quisieron hacer ninguna valoración e indicaron que los servicios jurídicos lo están estudiando.

Caución millonaria

Respecto a la fianza que han pedido al Consell tanto el Ayuntamiento de Eivissa como la empresa concesionaria de la estación Cetis-Sagalés y que asciende a 4,5 millones, el vicepresidente señaló que el juez deberá decidir, pero que en principio la Administración «no aporta fianza». «Me parece una cantidad muy alta [en referencia a los 4 millones por dos años que pide Cetis-Sagalés], estiman un beneficio muy grande», criticó el conseller, que recordó que también la concesionaria pedía un millón al mes al Ayuntamiento por los retrasos. «Esto delata que quieren ganar mucho dinero y refuerza mi tesis de que estas tarifas son demasiado caras», añadió Juan.

Por otro lado, avanzó que finalmente el último recurso que tenían previsto presentar para que se revise toda la concesión se hará por la vía administrativa y no por la judicial. «Si el Ayuntamiento no lo hace en tres meses sí que pondremos un contencioso», aclaró el conseller.

Preguntado por las críticas que hacen desde Cetis-Sagalés al técnico de transportes del Consell, del que dicen que no tiene la formación suficiente, Mariano Juan indicó que sí que está capacitado aunque no es ingeniero de carreteras. «Si hace falta algo de un ingeniero de carreteras se lo pedimos a un ingeniero. Es cierto que el técnico que firma no tiene esa titulación, pero sí que está cualificado para hacer las certificaciones y los informes que hace», añadió.

Juan también destacó que la relación con el Ayuntamiento de Eivissa es buena pese a que les hayan llevado a los tribunales. «El tema político no tiene nada que ver, aquí cada adminsitración defiende sus intereses. Este tema es heredado, comenzó hace nueve años», remarcó el vicepresidente, que aseguró que es una «discrepancia técnica y no política». «Yo hablo con Pilar [la alcaldesa] y la informo de lo que vamos a hacer, nos basamos en los técnicos», añadió Mariano Juan, que indicó que la interposición de estos contenciosos no cuesta dinero público porque los elaboran técnicos del Consell, aunque sí que podría haber pago de costas en el futuro.

También negó que lleven a cabo una estrategia judicial común con los transportistas y aseguró que la estación tiene problemas de seguridad y que no se han hecho pruebas de funcionalidad porque el Cetis lo exigió a cambio de bajar las tarifas. Destacó que los problemas de seguridad quizás se puedan arreglar, pero que no pueden permitir que «se produzcan desgracias».

Por otro lado insistió en que se ha hecho una edificación «impresionante» que no ha beneficiado en nada a la estación y consideró que la concesión es «irregular». «Se ha hecho un aprovechamiento urbanístico muy alto», añadió Juan, que recordó que la estación se convirtió en algo secundario para «hacer un parking público, una gasolinera, un montón de locales comerciales y oficin